Brasil padece por estos días una preocupante ola de actos teñidos de un neofascismo que ya ha dejado víctimas. El pasado lunes, tras el triunfo en primera vuelta del candidato ultraderechista a la presidencia de esa nación, Jair Bolsonaro, el reconocido maestro de capoeira Moa do Katendê (63) fue apuñalado doce veces por un seguidor del postulante al gobierno, por el solo hecho de haber mencionado que había votado por el representante del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. Producto del ataque, el artista perdió la vida.

 

Luego, el miércoles en Porto Alegre tres sujetos secuestraron, agredieron y le marcaron con un cuchillo una esvástica en el cuerpo a una joven de 19 años. ¿La razón? Utilizaba una polera con el mensaje feminista contra Bolsonaro «Él no» y en su mochila llevaba una chapita con la bandera gay.

 

De hecho, ha sido tal la irrupción de esta oleada de agresividad que se llegó a crear y subir a Google un Mapa de la violencia de extrema derecha en Brasil, el que consigna hechos ocurridos a partir del 1 de octubre de este año, reuniendo hasta ahora alrededor de 50 casos.

 

En conversación con Politika,Valentina Pires, co-organizadora en Chile del movimiento internacional Mujeres Unidas Contra Bolsonaro, sostuvo que  las consecuencias del resurgimiento de la ultraderecha en Brasil se comenzaron a experimentar desde antes. «Se vivieron a principio de año con un acontecimiento muy mediático que fue la muerte de la concejala Marielle Franco. Ella representaba justamente a todas estas minorías que este candidato (Jair Bolsonaro) quiere borrar un poco de la diversidad y de la sociedad brasileña, y esa fue una eliminación con propósito», expresó.

 

Marielle Franco

 

Un asesinato que -de hecho- en el contexto de la elección presidencial brasileña tuvo una suerte de réplica cuando la hermana de Marielle, Anielle Franco, fue abordada por un grupo de hombres que vestían la camiseta del postulante ultraderechista mientras paseaba por un centro comercial de Río de Janeiro con su hija de dos años, quienes al reconocerla la comenzaron a llamar «piraña» y a gritarle insultos por su vínculo con la «izquierda de mierda» y el feminismo.

 

La misma Valentina Pires, al ser consultada por la influencia que podría tener en Chile el fenómeno del ultraderechista brasileño, advirtió que en nuestro país «ya existe un líder con esa características», refiriéndose a José Antonio Kast, y definió a Jair Bolsonaro como «una influencia peligrosamente importante». Algo que el propio Kast se ha encargado de confirmar al calificarlo como «la esperanza de Brasil».

 

Piñera y Larraín: La economía por sobre los Derechos Humanos

 

Una posición que representa una relativización de las posturas neofascistas de Bolsonaro -quien, por ejemplo, ha enfatizado en que considera legítima la tortura o ha expresado que preferiría un hijo muerto a uno homosexual-, normalización que también ha sido posible evidenciar en estos días en las principales autoridades de nuestro país, incluído el Presidente de la República. Tanto Sebastián Piñera como su ministro de Hacienda, Felipe Larraín, respaldaron al candidato brasileño básicamente por su discurso en materia económica, obviando y restándole importancia al racismo, la misoginia y la legitimación de las violaciones a los Derechos Humanos expresada públicamente por Bolsonaro.

 

Jair Bolsonaro, al centro. Foto: Folha de S Paulo

 

La posición del Presidente Piñera no pasó inadvertida en la oposición, razón por la cual un grupo transversal de parlamentarios ingresó un proyecto de resolución para que el mandatario emita un pronunciamiento en contra de las declaraciones del brasileño. En ese sentido, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, la diputada Carmen Hertz, sostuvo que lo que exigen es «un rechazo claro y tajante a los dichos xenófobos, racistas, homofóbicos de Bolsonaro, porque consideramos que ponen en peligro la seguridad mundial y sobre todo la seguridad regional”.

 

Memoria y Derechos Humanos en las aulas

 

En este contexto, fue la misma Carmen Hertz quien esta semana llevó al Congreso un proyecto de ley que busca crear y hacer obligatoria la asignatura de Memoria y Derechos Humanos, con el objetivo de que en ella se aborden en las aulas los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar chilena. Cabe recordar que, así como ha surgido el llamado Movimiento Social Patriota, al interior de la educación secundaria ha irrumpido igualmente la organización Motín Estudiantil, quienes el pasado 23 de septiembre instalaron en liceos emblemáticos de Santiago lienzos con mensajes ofensivos en contra de los alumnos que participan en las movilizaciones. “Javiera Carrera mujer de verdad. No como tú, Encapuchada culia”; “No eres un revolucionario. Eres una puta del sistema”; “Aquí se forman mariconcitos”, fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer.

 

Diputada Carmen Hertz

La iniciativa de Hertz propone entre otros objetivos que, en base a los contenidos de los informes Rettig y Valech, se promueva en las aulas el conocimiento y análisis de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en la dictadura y se fomente entre los estudiantes la importancia de garantizar la no repetición, así como la injustificabilidad de éstas. «Las nuevas generaciones tienen que conocer lo que este país vivió. Esta es una sociedad traumatizada por una política de violación sistemática y masiva de Derechos Humanos, una política de exterminio», señaló la diputada a La Tercera, agregando que “esas sociedades necesitan refugiarse en su memoria colectiva para impedir que en el futuro los conflictos políticos y sociales sean solucionados con el crimen como una norma».

 

Daniel Hidalgo es profesor y escritor. A propósito de esta iniciativa plantea que le parece «excelente que se resignifique el currículum educativo en torno a nuestra propia memoria; somos un país en el que se violaron Derechos Humanos y a la fecha no nos hemos hecho cargo del todo. Eso no puede pasar y la educación juega un rol fundamental en ese tema». Además, el docente valora que «proyectos como este nos hagan replantear precisamente el currículum, humanizarlo, dotarlo de identidad, lo cual es más complejo dado que sistemáticamente se ha ido implementando un modelo educativo que lo deshumaniza, que ha sido secuestrado por lo funcional, por los números, resultados, evaluaciones estandarizadas, ancladas en la dinámica neoliberal. Por eso ramos como Historia, Lenguaje y Filosofía han sido desarticulados, perseguidos y sometidos».

 

Pero junto con ello Hidalgo considera importante que no se trate solo de una ley que modifique a través de “especialistas” una malla de estudios, sino que esta -como propone- nazca a partir del diálogo y las experiencias de los propios docentes. «Para mi generación fue crucial el aporte de los profesores en el tema, todos aprendimos de Derechos Humanos por algún profesor, después se volvió todo funcional y servil a un sistema», concluye.

 

La moción de la parlamentaria ha recibido un apoyo transversal en la oposición, relevando la mayoría que esta se presenta justo en un momento en donde las ideas más retrógradas de la ultraderecha consiguen avanzar al interior de la población.

 

Tuit del ex Canciller Juan Gabriel Valdés en apoyo al diputado Matías Walker (DC), uno de los firmantes de la iniciativa presentada por Hertz

 

Contra la negación o justificación de los crímenes de lesa humanidad

 

En la misma Cámara de Diputados se tramita desde noviembre de 2011 un proyecto que castiga con una pena de cárcel de 2 a 6 años a «quienes públicamente nieguen, minimicen o condonen, intenten justificar o aprueben los crímenes de lesa humanidad o genocidios cometidos, particularmente, bajo el régimen militar que gobernó Chile entre los años 1973 y 1990», según se lee en la iniciativa.

 

El proyecto advierte que aún hoy existen quienes señalan que los crueles delitos cometidos durante la dictadura fueron un «mal necesario», que se justificaron porque estábamos en una supuesta «guerra civil», o que los minimizan frente al «desarrollo económico» que el régimen de Augusto Pinochet habría traído. En ese sentido, se plantea que «es responsabilidad del Estado condenar estas actitudes negacionistas», agregándose que «actuar por omisión es conceder, legitimar y aceptar este daño a la dignidad de las personas y de nuestro propio país».

 

Junto con ello se analiza la legislación comparada de otros países que también padecieron delitos de lesa humanidad como Chile, destacando los casos de Suiza y Alemania, entre otros. Respecto del primero, se cita el Código Penal que considera una «ofensa criminal» e impone una pena de hasta un año de prisión o el pago de una multa de 40 francos suizos a quien «públicamente, verbalmente, por escrito, a través de imágenes, gestos, con agresiones o de cualquier otro modo, desprecie o discrimine de un modo que afecte la dignidad humana de una persona o un grupo de personas debido a su raza, su pertinencia étnica a su religión; o quien, por la misma razón, niega, minimiza extremadamente o trata de justificar un genocidio u otro crimen contra la humanidad».

 

Y en el caso de Alemania -probablemente el más emblemático de todos- se recuerda lo establecido en su Código Penal respecto al Holocausto, donde se señala que «quien publicite o en una reunión apruebe, deniegue o plantee como inofensivo un acto cometido bajo las reglas del Nacional Socialismo (…) de una forma capaz de alterar la paz social, deberá ser penado con prisión por hasta 5 años o una multa».

 

 

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