La reactualización del caso del estudiante universitario Rodrigo Avilés ha puesto en primer plano una vez más el discutible rol que está cumpliendo Carabineros en la escena nacional, en momentos en que su cuestionamiento por su infamante vulneración de los derechos humanos le hace identificarse con oprobios como la violencia innecesaria y la represión brutal.

 

Pasado el mediodía del 21 de mayo de 2015, Avilés quedó en gravísimo estado cuando tras una manifestación popular callejera fue lanzado violentamente al suelo y se azotó la cabeza contra la acera al recibir el chorro de un carro lanza agua operado por un funcionario de Fuerzas Especiales en la primera cuadra de la Avenida Pedro Montt, pleno centro de Valparaíso.

 

El joven,  alumno de la Universidad  Católica de Chile, domiciliado en Santiago, salvó por milagro al cabo de un prolongado periodo de hospitalización que fue de continuas recaídas y una recuperación parcial ayudada por su vigor y su juventud. Las secuelas neurológicas, sin embargo, le acompañarán toda la vida.

 

En la primera semana de este mes se efectuó la audiencia de preparación del juicio oral en que el único inculpado será el ex sargento Manuel Noya, operador del pitón con el que causó las graves lesiones del universitario. A pocos días del incidente Noya fue dado de baja por la institución, que no tomó medida alguna contra sus superiores u otros oficiales involucrados en la acción criminal.

 

Rodrigo fue agredido cuando junto a otras personas se retiraba del centro de Valparaíso al finalizar la marcha de protesta hacia la entonces presidenta Bachelet mientras ella leía su mensaje anual ante el Congreso. Así lo confirman registros audiovisuales que descartan el intento de saqueo a una tienda comercial, como se intentó hacer aparecer lo sucedido, inicialmente.

 

Este ingrato episodio está de nuevo en el tapete semanas después que un comando armado hasta los dientes de la policía uniformada asesinara de un balazo en la cabeza al comunero mapuche Camilo Catrillanca en La Araucanía, causando conmoción e indignación en el país.  Desde un comienzo el crimen trató de encubrirse a través de una red de montajes y falsedades, cuyo único resultado ha sido la salida del general director.

 

Para el padre del estudiante y abogado querellante, Félix Avilés, ambos casos deben ser emblemáticos e íconos del cambio y de la transformación de las conductas de las Fuerzas Especiales de Carabineros. Sostiene el profesional que «estamos en defensa  de la vida, de la dignidad de las personas, del respeto a las organizaciones,  porque debe haber un ejemplo para el comportamiento de las instituciones públicas en un marco de  democracia en el país».

 

Carabineros ha quedado en evidencia como una institución que miente, que intenta posicionarse en las relaciones sociales con criterios que no constituyen humanidad y dignidad. Como si aún perdurara la dictadura esta es una institución  – como las FF.AA. – que mantiene una independencia y una autonomía absolutas de la voluntad del poder civil, por lo que se excede y sobrepasa con facilidad.

 

Está establecido que aquí hubo un hecho constitutivo de delito, en que el sargento Noya actuó de manera irresponsable respondiendo no a una decisión propia sino a una política institucional. El Instituto Nacional de Derechos Humanos al denunciar cómo el uso excesivo de la fuerza puede conducir a un delito de tal gravedad, está pidiendo para el inculpado 15 años de presidio.

 

En su relación con los movimiento sociales y en especial con las manifestaciones callejeras, en esta policía militarizada hay una permanente hostilidad y agresividad, y salta a la vista la urgencia de implementar reformas a sus protocolos y conductas. Chile no necesita de un cuerpo de Carabineros como el que hay actualmente, violento y represivo, y propenso a decir una cosa por otra a la hora de dar explicaciones.

 

 

Hugo Alcayaga Brisso

Valparaíso

hugoalcayagaperiodista@gmail.com

 

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