El pasado 9 de enero un grupo transversal de 23 senadores ingresaron un proyecto de acuerdo en el que solicitan al Presidente Sebastián Piñera realizar «las gestiones políticas, diplomáticas y judiciales necesarias para dar auxilio al señor Carlos Cardoen Cornejo ante INTERPOL por la mantención ilegal de la Alerta Roja» en su contra. Junto con ello le piden al mandatario que plantee ante dicho organismo «su preocupación por la falta de adecuación de sus prácticas institucionales a los estándares internacionales de derechos humanos».

 

De acuerdo a la tabla de votaciones del Senado, la aprobación o rechazo de dicha iniciativa se sancionará la tarde este martes en la Cámara Alta.

 

Carlos Cardoen, ingeniero y empresario chileno nacido en Santa Cruz, es conocido en nuestro país y en el resto del mundo básicamente por dos cosas:  por ser el productor en la década de los ’80 de las llamadas bombas de racimo -a las que introdujo un método más sencillo y barato de explosión- y por ser acusado en 1993 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de haber vendido armas al régimen iraquí de Sadam Husein elaboradas con circonio, elemento químico que habría sido importado ilegalmente desde la nación del norte de América. Desde entonces pesa una orden de captura internacional en su contra emanada desde la Organización Internacional de Policía Criminal, la INTERPOL.

 

Senadores Allende y Letelier

Junto a senadores de la UDI como Alejandro García Huidobro, Ena von Baer o Víctor Pérez, entre otros de la derecha, aparecen promoviendo y respaldando esta solicitud en favor de Carlos Cardoen 11 pertenecientes a la ex Nueva Mayoría, como los socialistas Juan Pablo Letelier, Isabel Allende, Rabindranath Quinteros y José Miguel Insulza; los DC Francisco Huenchumilla, Ximena Rincón y Jorge Pizarro; los PPD Adriana Muñoz y Ricardo Lagos Weber; y los independientes Alejandro Guillier y Pedro Araya.

 

 

 

«Ha contribuido al desarrollo cultural y turístico de nuestro país»

 

En el texto los parlamentarios señalan que han recibido en audiencia en dos ocasiones al ex fabricante de armas, quien -aseguran- «ha contribuido significativamente al desarrollo cultural y turístico de nuestro país». Por otra parte, entre los argumentos principales de su solicitud a Sebastián Piñera plantean que sobre Cardoen se ha mantenido «una Alerta Roja por más de 25 años, sin que exista fundamento legal para ello». La notificación ‘roja’ es un documento que INTERPOL publica a petición de un país miembro y su objetivo es solicitar la detención provisional de una persona objeto de una orden de detención o una sentencia judicial, con vistas a su extradición.

 

Cardoen junto a Sadam Husein

En el caso del empresario chileno, la solicitud del gobierno de Estados Unidos realizada en 1993 ha sido reiterada por ese país en 2009 y renovada por INTERPOL, inicialmente hasta 2015, y posteriormente hasta este año 2019. En ese sentido, los congresistas detallan que el país del norte señaló a INTERPOL que solicitarían la extradición de Cardoen «a cualquier país que haya concertado con Estados Unidos un tratado actualmente en vigor que permita la extradición». No obstante, añaden los parlamentarios, «han transcurrido más de dos décadas de dicha Notificación, y sin embargo, y a pesar de encontrarse el sr. Cardoen de forma pública y abierta residiendo en territorio chileno, el Gobierno de los Estados Unidos no ha presentado aún la solicitud de extradición correspondiente a los delitos imputados, impidiéndole así toda posible defensa ante un tribunal competente».

 

Es a raíz de este escenario que los senadores oficialistas y de oposición consideran en el documeto que se votará este martes que Carlos Cardoen ha sido víctima de una «práctica institucional de menoscabo a los derechos fundamentales por parte de INTERPOL».

 

 

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