El pasado 16 de abril el Ministerio del Medio Ambiente organizó el Primer Conversatorio COP25, Sociedad Civil y ONG, donde asistieron la ministra Carolina Schmidt, los representantes de ONGs nacionales Sara Larraín (Chile Sustentable), Ezio Costa (OMG FIMA), Flavia Liberona (TERRAM), Jordan Harris (Adapt Chile) y Ricardo Bosshard (WWF Chile) y más de 80 representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil.

 

La transparencia en las políticas gubernamentales y la coherencia entre “lo que se dice y lo que hace”, fueron dos de las críticas más importantes que los representantes de las organizaciones sociales hicieron al Ejecutivo. En ese sentido, se planteó desde la sociedad civil la necesidad de que el Gobierno deje de tener un doble discurso y que actualice las prioridades en su agenda en relación a las necesidades de las comunidades.

 

La directora ejecutiva de Chile Sustentable, Sara Larraín, mencionó que “es primordial lograr encarnar los desafíos globales del cambio climático aterrizándolos a problemáticas locales, porque la escasez hídrica, la pérdida de biodiversidad y la contaminación del aire ocurren a nivel global y local”.

 

 

Además, Larraín recalcó la importancia de “descontaminar las zonas de sacrificio, cerrando las plantas termoeléctricas a carbón que se ubican en sólo 5 comunas del país, logrando con ello además una reducción importante de emisiones globales de CO2”.

 

En esa misma línea, Ricardo Bosshard, director de WWF Chile, recalcó que “otro desafío que tiene Chile es la necesidad de establecer un cronograma de descarbonización para el año 2030”, el que fuera prometido por la ministra de Energía en noviembre de 2018 y que se debía anunciar antes del 1 de abril, lo que aún no ocurre.

 

Por otra parte, los representantes de las organizaciones resaltaron el rol de la sociedad civil y la necesidad de que ésta sea aún más activa de lo normal en lo que refiere a aumentar la visibilización de los problemas ambientales que aquejan a la ciudadanía. En ese sentido, se destacó que incorporar criterios de justicia climática en las discusiones que se den con las distintas ONGs y comunidades de la sociedad civil, puede ser un gran avance que entregue esta COP25, permitiendo ser una instancia donde se incorpore a la ciudadanía en las estrategias de desarrollo nacional y local, orientada a enfrentar problemáticas actuales.

 

 

Vinculado a eso se puso énfasis en que la coordinación que se logre entre las organizaciones sociales antes, durante y después de la COP25, puede hacer que la discusión llegue a los territorios locales y que las demandas ambientales y sociales sean escuchadas por los gobernantes y tomadas en cuenta para políticas públicas futuras.

 

Finalmente, el conversatorio visibilizó la necesidad de las ONGs chilenas de tomar las demandas nacionales -y latinoamericanas- para presentarlas a nivel internacional, presionando para que el Estado de Chile asuma una mayor coherencia entre su política nacional y sus compromisos internacionales, tomando como ejemplo la situación de Minera Dominga y la firma pendiente del Acuerdo de Escazú, entre otros, ya que de otra manera Chile no podría liderar éticamente esta cumbre sin revisar su historial medioambiental reciente.

 

Fuente: Comunicaciones Chile Sustentable

 

 

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