Durante la mañana de este martes, pobladores de distintos comités de vivienda de San Ramón y La Pintana, agrupados en el Movimiento Solidario Vida Digna, se manifestaron a las afueras del Metro Santa Rosa exigiendo soluciones habitacionales y contra el proyecto de ley de «Integración social».

 

A través de una declaración pública, el Movimiento Solidario Vida Digna expresó su «indignación» por la mencionada iniciativa legal -actualmente en discusión en el Congreso-, la que de acuerdo a lo que advierten «pretende concesionar las reservas públicas de suelo y regular el territorio de acuerdo a las demandas del mercado inmobiliario (mayor densificación), abordando la segregación sólo a partir del acceso a los bienes de consumo».

 

Un hecho que los pobladores califican como una «irresponsabilidad de parte del Estado al profundizar la desigualdad en materia de vivienda».

 

 

Junto con ello sostienen que «la definición de las Zonas de Integración Urbana (ZIU) es un retroceso en compromisos de aumentar la participación en las instancias de planificación urbana, obedeciendo únicamente el mandato de las inmobiliarias». En ese sentido, los pobladores denuncian que «en todo momento se nos ha excluido de su formulación e inclusive consulta», no contemplando, dicen, «a quienes habitamos los territorios, construimos las ciudades y quienes, desde nuestras organizaciones, hemos promovido proyectos de Integración Comunitaria efectiva». «Ministro, le preguntamos, ¿cómo es posible construir una ley de Integración Social sin las y los pobladores?», añaden desde el Movimiento.

 

Los manifestantes sostienen que la «falsa ley de Integración» significará para sus familias mayores costos económicos, sociales y organizativos. Como ejemplo mencionan el proyecto La Platina, «una de las principales áreas de extensión urbana del sector sur de Santiago, y que con nuestra participación en la planificación y diseño, podría dignificar a las miles de familias allegadas», aseguran. Sin embargo, plantean que con la iniciativa legal del Gobierno «solo se generarán incentivos de constructibilidad, que implican una mayor densificación a cambio de un puñado de viviendas sociales, y la concesión de los suelos públicos a empresas privadasentregando un cheque en blanco a las inmobiliarias».

 

 

En ese sentido, especifican que como consecuencias, la ley de «Integración social» del Ejecutivo «impedirá que nuestras familias postulen colectivamente (…), excluirá a las y los pobladores del diseño de sus barrios (…) y endeudará a 7 de 10 de los futuros habitantes de Platina».

 

Por otra parte, el Movimiento Solidario Vida Digna demanda agilizar el diseño y ejecución del proyecto habitacional Comunidad Organizada La Bandera, «contemplando los mínimos arquitectónicos y sociales presentados por el Comité Quiero Mi Casa».

 

«Son nuestras familias y comunidades que demandan una vida digna, por ello hemos decidido iniciar un ciclo de movilizaciones que permitan cambiar el foco de la política habitacional. Afirmamos que nuestra lucha es más grande que la casa, porque apunta a la gestión social y propiedad del territorio, poniendo el esfuerzo y lucha de la organización en la pelea por el derecho a la ciudad, la construcción de comunidad organizada y el buen vivir», concluyen los manifestantes en su declaración.

 

 

Fuente y fotografías: Agencia Pueblo

 

 

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