Si hay algo que debe irritar a un gobierno como el de Sebastián Piñera es aparecer, frente a todo Chile, en desventaja ante una joven diputada comunista en uno de los diarios que por décadas ha sido vocero de los intereses de la élite empresarial. Y así ocurrió este jueves cuando La Segunda tituló en portada que Camila Vallejo tiene arrinconado a la administración del Presidente con su proyecto de reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.

 

Un escenario desfavorable para el Gobierno que se vino a agudizar luego de que Cadem -encuestadora cercana a la administración Piñera- revelara que un 75% de la población -3 de 4 chilenos- apoya la iniciativa impulsada por Vallejo.

 

Peor aún: Al apoyo que ya le había otorgado al proyecto de la parlamentaria PC el diputado UDI Guillermo Ramírez, se sumó este jueves el respaldo del senador Manuel José Ossandón y los diputados Gonzalo Fuenzalida, Ximena Ossandón y Francesca Muñoz, todos de Renovación Nacional (RN).

 

El Gobierno simplemente está desesperado.

 

 

¿Y qué hizo el Ejecutivo? Inició una dura ofensiva encabezada por el propio Presidente de la República intentando deslegitimar la reducción de la jornada laboral con aquella estrategia a la que recurre permanentemente la derecha cuando no puede hacer frente a proyectos de ley políticamente: acusar una supuesta inconstitucionalidad.

 

«Es inconstitucional porque significa gasto público (…) Un parlamentario no puede generar gasto público porque entonces nadie se haría cargo de los equilibrios», declaró el Presidente Sebastián Piñera este jueves en Emol.

 

Junto con ello, el Ejecutivo confirmó la ‘suma urgencia’ para su propuesta de flexibilidad laboral, intentando además, y contradictoriamente, acercarse a la iniciativa de la diputada del PC, comprometiéndose a una indicación para fijar el tiempo de trabajo en 41 horas semanales promedio.

 

Una idea que, sin embargo, sigue sujeta a la criticada opción de que el trabajador negocie individualmente, y no a través de su sindicato, dicha reducción, como quedó evidenciado en la explicación que entregó el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg. «(Las 41 horas promedio) van a permitir que una empresa pueda, acordadamente con el trabajador, disponer que ciertos días que se requiere por ejemplo mayor intensidad en el trabajo, pueda trabajar más horas que al día siguiente; cuando hay menos demanda de trabajo, pueda descansar y trabajar menos horas; y que eso no merme su remuneración», sostuvo el secretario de Estado.

 

 

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