La Corte de Apelaciones de Arica acogió este viernes un recurso de amparo presentado por la defensa del ciudadano dominicano Victoriano Céspedes Cordero en contra de la Intendencia Regional que decretó su expulsión del país el 16 de marzo de 2017, luego de que éste ingresara clandestinamente al territorio nacional.

 

El tribunal de alzada argumentó su decisión señalando que ha sido la propia Corte Suprema la que ha establecido que una expulsión es «ilegal si la misma presenta como única motivación fáctica el ingreso clandestino al territorio, el cual, no fue eficazmente investigado por las autoridades llamadas por ley a hacerlo con el objeto de establecer su efectiva ocurrencia».

 

En ese sentido, la Corte agrega que hay una «desproporcionalidad» en la medida de expulsión del ciudadano dominicano, «desconociéndose el resto de los elementos que deben ponderarse en este tipo de asuntos».

 

 

Por otra parte, se destaca que en los antecedentes incorporados en el proceso aparece que Victoriano Céspedes «no posee anotaciones prontuariales en su país de origen; se encuentra radicado en Chile por un lapso superior a los dos años; mantiene suscrito un contrato de trabajo, sujeto a regularización de su situación migratoria; y que la regularización de su situación migratoria le fue rechazada por la autoridad administrativa sólo por el hecho de no haber adjuntado el respectivo certificado de antecedentes penales».

 

Todo lo anterior, a juicio del tribunal de alzada ariqueño, permite establecer que «existe un germen de arraigo del ciudadano dominicano en nuestro país, lo que deriva en la arbitrariedad de mantener la medida expulsiva».

 

 

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