La historia no admite falsificaciones

El pacto de silencio legado por el dictador a la familia militar no solo tuvo por finalidad acallar   las múltiples violaciones a los derechos humanos durante los 17 años de horror  en busca de impunidad para los hechores,  sino también una desvergonzada tergiversación de los acontecimientos de la historia reciente según lo vuelve a comprobar hoy la ciudadanía.

 

Contra lo que algunos digan en estos días,  la dictadura fue un feroz genocidio que costó la vida a no menos de 5.000 compatriotas (entre ellos 1.300 detenidos desaparecidos) y otras incalculables cifras de secuestros, torturas y exilio a partir del bombardeo aéreo de La Moneda tratando de ocasionar la muerte del presidente constitucional y sus más cercanos colaboradores.

 

El golpe de Estado y el régimen tiránico siguieron a tiempos de pánico para la población: entre el 23 de julio y el 5 de septiembre de 1973, en una democracia en plenitud grupos de extrema derecha con armas y explosivos proporcionados por oficiales de las FF.AA. perpetraron 1.015 atentados en que murieron 10 personas y dejaron más de un centenar de heridos, hubo caos y destrucción total de servicios públicos,  oleoductos, gasoductos, puentes, carreteras y vías férreas, con el consiguiente enorme daño económico, todo lo cual quedó sin sanción.

 

Las FF.AA. y Carabineros suman a lo largo de la historia de Chile sucesivas masacres contra el pueblo que la memoria siempre tiene presentes. No son precisamente las instituciones más indicadas para clamar por la paz y el orden, ni para aislar a grupos de manifestantes ni para mostrarse ante los demás con una apariencia que no les corresponde.

 

A raíz de las acciones anti sistémicas que ejercen hoy jóvenes rebeldes por su marginación y olvido, que son producto del modelo excluyente en que nacieron, a los cuales se les ha negado todo y que solo han acumulado rabia e impotencia a raudales, surgen voces condenatorias en su contra. Estas voces provienen de la misma clase social arrogante que destituyó y masacró al gobierno constitucional y sus partidarios, el año 73, y los inacabables años siguientes hasta su expulsión del poder.

 

En línea con el abandono con que el modelo de desigualdades castiga a trabajadores y estudiantes, a cesantes y sobreendeudados, a la tercera edad y jóvenes sin oportunidades, en Valparaíso ha asomado un grupo de marinos jubilados que guarecidos tras sus jugosas pensiones aprovechan las actuales circunstancias para apuntar contra los protagonistas del estallido social.

 

Entre ellos se cuentan cinco ex comandantes en jefe de la Armada, uno de los cuales dice: “Todos anhelamos una sociedad más justa, más humana y más solidaria, pero el camino no es la violencia irracional”… Cuesta creer que este ex oficial fue un fervoroso adherente de la dictadura, que defendió los mismos antivalores que ahora atribuye a la pujanza popular.

 

Añade el comandante pensionado que “solo se está generando destrucción, odio y división”… Es lo que ocurrió durante el pinochetismo, que destruyó cuanto encontró a su paso, vidas humanas, familias, la democracia, la institucionalidad y los enaltecedores principios y valores republicanos en que se sustentaban con orgullo Chile y los chilenos.

 

Como si nunca hubiera habido aquí una cruenta dictadura, un devastador terrorismo de Estado y el exterminio masivo de quienes pensaban distinto, la familia militar semeja una blanca paloma que no reconoce responsabilidades. Sin embargo, trata de cargar culpas a gente que no ha matado a nadie,  no ha causado mutilaciones a terceros ni ha provocado la pérdida de la visión a ningún compatriota.

 

La historia no admite falsificaciones, porque no se puede intentar justificar el genocidio y las violaciones a los derechos humanos que hubo en la dictadura,  cuyos herederos quieren descargar sus odiosidades contra los manifestantes que se movilizan hoy por cambiar a Chile. A través del estallido social el pueblo no pretende el asesinato del “enemigo” para luego ir a lanzarlo al mar, sino que sus objetivos son claros: la restitución de sus derechos ciudadanos, la dignidad que antes tuvo y el restablecimiento de una democracia plena.

 

 

Hugo Alcayaga Brisso

Valparaíso

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