En Uruguay se cumplió un mes de gobierno multicolor liderado por Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, y el festejo se dio con un tarifazo. El servicio eléctrico, el del agua y de conexión a internet aumentaron y los descuentos de IVA (impuesto al valor agregado) que se obtenían al comprar con tarjetas de débito, se han reducido.

 

El dólar subió y con ello el poder adquisitivo de los trabajadores se desplomó. Fue el peor ajuste de tarifas de los últimos 15 años.

 

Una encuesta de la consultora Cifra -El impacto del coronavirus en el trabajo- indica que al 41% de los trabajadores se le redujo su horario laboral y 26% fueron o serán enviados al seguro de paro o despedidos como consecuencia del impacto de las medidas tomadas por el gobierno para contener el avance del coronavirus en Uruguay.Sólo 33% de los trabajadores mantenía a fines de marzo el mismo nivel de trabajo que a principios de mes.

 

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En esta semana llegó el primer envío de dinero por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La suma asciende a 400 millones de dólares de un total de 1500 que solicitó el gobierno uruguayo. El microcrédito ha ido en aumento en gran cantidad de familias en este mes debido a la situación económica del país, los trabajadores informales han visto caer sus ingresos debido a la casi nula circulación de personas en la vía pública.

 

En materia discursiva, el gobierno viene ganando la pulseada. Todas las noches brinda una conferencia a nivel nacional y a pesar de contradicciones y declaraciones confusas, tiene gran aceptación en la población. Según la última encuesta de Equipos Consultores, el Presidente Lacalle Pou tiene un 65% de aprobación, un punto por encima de lo que medía Tabaré Vázquez del Frente Amplio en el primer mes de su gobierno en el año 2005 habiendo ganado en primera vuelta.

 

Esto dispara distintas cuestiones. Primero, que a pesar de la crisis y de que hay sectores que han visto disminuido su salario real, valoran positivamente las medidas del gobierno. Segundo, a raíz de la medida de reducir el salario a los funcionarios públicos que perciban más de 80.000 pesos (unos 1.800 dólares), el gobierno aprovecha la mala imagen que tiene este sector para enfrentar  a trabajadores contra trabajadores.

 

La pandemia ha condensado toda la atención mediática e informativa en un solo tema, aunque el plan neoliberal de transferencia de recursos de los trabajadores hacia las élites sigue instrumentándose. Por momentos camuflado dentro de medidas para combatir la pandemia, por otros en decretos no difundidos por la prensa y en ocasiones a viva voz en todos los diarios.

 

Tal es el caso del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, el mismo que propuso la reforma “Vivir sin miedo” en el 2019 para que los militares salieran a patrullar en la vía pública y se aumentaran penas sobre varios delitos. Todo un ejemplo de populismo punitivo, donde pretende dar un giro conservador en las políticas públicas de seguridad.

 

Larrañaga ha presionado para que luego de la Semana de Turismo (Semana Santa en las sociedades no laicas) ingrese al parlamento la Ley de Urgente Consideración (LUC), un proyecto de 457 artículos que se establece con suma celeridad con respecto a los tiempos normales de la legislación.

 

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Entre varias cuestiones, la LUC propone mercantilizar la educación, socava la libertad de cátedra en las aulas, quita autonomía a la estatal Universidad de la República, inicia un proceso de privatización de las empresas públicas y contiene artículos que promueven la criminalización de la protesta.

 

Este nuevo (viejo) gobierno con reminiscencias a la década de 1990 se ha sumado al coro servil del Grupo de Lima y ha apoyado las declaraciones de Donald Trump y el intento de invasión en Venezuela.

 

Aunque el abuelo del presidente, Luis Alberto de Herrera, histórico líder del Partido Nacional, a pesar de su ideología conservadora, planteaba el antimperialismo y la no injerencia como importante principio en territorio latinoamericano. Hoy su nieto no sigue, en ese aspecto, la línea de la dinastía Herrera.

 

El Frente Amplio, que vuelve a ser oposición luego de 15 años de gobierno, se reunió con parte del equipo de presidencia para presentarle una plataforma de medidas a tomar para contrarrestar la crisis. La postura es jugar a ser “oposición responsable” en nombre de un republicanismo poco definido, con un liderazgo aún más desdibujado.

 

Uruguay (PIT CNT): Ante la crisis provocada por el coronavirus, el ...Es una clara postura ideológica que abona a la alternancia en el poder y que niega la lucha de clases cuando llama a la unidad nacional. Por su parte la central única de trabajadores, PIT-CNT, no ha logrado conjurar la unidad necesaria para contrarrestar el avance neoliberal. Las líneas de acción son dispares, donde varios sindicatos organizan ollas populares y la cúpula alienta a que no se realicen.

 

Esta crisis económica y social del capitalismo que se estaba macerando, obviamente es potenciada por la pandemia y en Uruguay agravada por un gobierno que carga todas las tintas en ajustar a los trabajadores mientras los dueños del país han estado exentos de cualquier medida.

 

Esto nos demuestra la debilidad del progresismo a la hora de  generar políticas robustas que protejan y mejoren la calidad de vida de la clase trabajadora. Luego de estar en el gobierno, pocas son las políticas que se mantienen. Lo hemos visto en otros países y lo estamos viviendo ahora en Uruguay.

 

Las conquistas que no se hacen carne en el pueblo y se digitan desde un escritorio, más temprano que tarde se desvanecen en el aire. La realidad uruguaya muestra que la socialdemocracia es un castillo de naipes que al primer soplo neoliberal se derrumba.

 

 

* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)

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