Pocos días antes de reconocer los asesinatos cobardes y crueles de Guerrero, Nattino y Parada, ese miserable general rastrero cuyo nombre la memoria se niega a recordar, deslizó que habrían sido muertos por sus propios camaradas. Fue durante la dictadura.

 

La indecencia hizo escuela. Legó doctrina.

 

Con ocasión de la rebelión de octubre, el desfondado gobierno de Sebastián Piñera hizo política por medio de las Fuerzas Especiales de Carabineros y los resultados fueron un reguero de muertos, mutilados y presos, que solo la pandemia ha logrado ocultar en su gravedad.

 

Y ha sido en esas condiciones en la que ha quedado de manifiesto una vez más, la inexistencia de controles civiles, para qué decir democráticos, al desmadre que subsiste y se reproduce en Carabineros. Eso explica, solo en parte, la crueldad criminal de su función, además del sinnúmero de robos, exacciones, estafas, falsificaciones, coimas, entre otros delitos, que están en curso de investigaciones penales, las que suman cantidades de dinero increíbles y acumula a muchos altos oficiales sometidos a procesos. Aunque no todos los que debieran.

 

Esa cosecha que se recibe hoy es la falta de control democrático contemporáneo de una institución que ya se corrompió a niveles increíbles durante la dictadura, y que guarda un triste y macabro récord de muertes, torturas y desapariciones.

 

Carabineros de hoy es el resultado palpable de la justicia en la medida de lo posible. ¿Se recuerda? Fue la cobardía cómplice de la Concertación.

 

Conocida la investigación policial por el luctuoso hecho que terminó con la visión de un joven estudiante, el resultado entregado por carabineros no es sino una enfermiza provocación. No solo desliga a los funcionarios de la responsabilidad de los disparos, sino que apunta a adjudicar a los manifestantes su ejecución.

 

No se puede saber si las respuestas del General Director de Carabineros, conminado a responder por los sucesos en los que perdió la vista Gustavo Gatica, generan risa o la rabia más profunda.

 

No es aceptable que el jefe de la institución tenga el descaro de negar no solo lo obvio sino lo que fue reconocido inicialmente incluso por el Ministro del Interior y que está plasmado en muchas grabaciones que se han hecho públicas.

 

No es aceptable que un general acuse a los propios manifestantes de ser los responsables de mutilarse gravemente mediante tiros de escopetas y que imponga una defensa corporativa de esos crímenes, apuntando a la más escandalosa impunidad de quienes lo cometieron.

 

La desvergüenza del general Rozas solo es posible porque sabe que no va a pasar nada.

 

Tiene perfecta cuenta que goza del respaldo del gobierno y de un sistema judicial que vuelve a cerrar los ojos. Sabe que al ser el más importante escudo protector del gobierno, quizás el único que le queda, haga lo que haga, será con la sensación de tener en sus manos el mango y la sartén.

 

La impunidad que el gobierno estimula permite que el general Rozas se ría de todos los chilenos, especialmente de las víctimas de sus tropas.

 

No es cosa nueva.

 

Sucedió hace poco con el asesinato de Camilo Catrillanca y en la sucesión de hechos delictivos que acometió la inteligencia policial (sic) que buscaba falsificar pruebas en contra de los mapuche para mantenerlos en prisión ilegalmente. Y ha sucedido en innumerables casos en los que el montaje, la falsificación, la mentira y otros delitos, han hecho lo suyo.

 

Jamás una institución corrupta podría cumplir con su rol de asegurar la seguridad y tranquilidad de la población.

 

El manejo de la crisis creada por la pandemia en manos de gentes sin escrúpulos, que hacen de la mentira y la manipulación una herramienta de las comunicaciones y la política, ha dejado otra vez a descubierto la insuficiencia moral del sistema político.

 

Vale la pena recordar que todo esto no es sino el resultado de la cobarde doctrina de la justicia en la medida de lo posible de la Concertación. De su falta de valentía para haber democratizado las instituciones armadas y haberlas reformado en una ética contraria a la que les inoculó Pinochet y su pandilla.

 

Un gobierno democrático debería partir por enjuiciar a todos los policías que han considerado que el pueblo es un enemigo a abatir. Comenzando por el general Rozas, digno descendiente de aquel general rastrero que la memoria obliga a sepultar.

 

Por Ricardo Candia Cares

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