La Comisión Chilena de Derechos Humanos, en conjunto con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ante los intentos del gobierno chileno de imponer la impunidad y dejar en libertad a los condenados por crímenes de lesa humanidad, han enviado una carta denuncia al Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

 

A través de la misiva, enviada este 13 de abril al Relator especial, Fabián Salvioli, las organizaciones firmantes, denuncian dos iniciativas del gobierno encabezado por el presidente Sebastián Piñera, para imponer la impunidad.

 

La primera, referida a ponerle discusión inmediata al Proyecto de Ley que “regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias para las personas que indica” y pare ello se invoca como argumento, una promesa de campaña y la crisis sanitaria producto de la pandemia por Covid-19 que afecta a nuestro país y al mundo. Además, se denuncia el anuncio de otorgamiento de indultos particulares, que tiene como objetivo también liberar a los condenados en múltiples causas por violaciones a los derechos humanos, constitutivas de crímenes contra la Humanidad.

 

En la carta enviada al relator especial, se hace presente que dichas iniciativas son contrarias a los compromisos y obligaciones internacionales asumidos por el Estado de Chile consistentes en el deber de investigar, sancionar a los responsables a través de la aplicación de penas proporcionales a la gravedad del delito, y que sólo pueden aceptarse reducciones de la pena, si se cumplen entre otros, los requisitos de colaboración con la investigación y arrepentimiento de los hechos cometidos (Artículo 110 del Estatuto de Roma), criterios ratificados por la jurisprudencia de tribunales internacionales.

 

Se hace presente que estos dos requisitos no se cumplen, pues no sólo no han colaborado con los tribunales (todavía hay 1192 detenidos desaparecidos),  sino que además, muchos de los condenados han reivindicado públicamente sus atroces crímenes.

 

Además, se recuerda que los condenados por crímenes contra Humanidad, y potenciales beneficiarios, están actualmente recluidos en Punta Peuco, una cárcel especial, con condiciones sanitarias y de habitabilidad, que no dispone ningún otro recinto carcelario en el país, (según lo consignó un Informe del INDH publicado el año 2018), y que disponen la posibilidad, en casos graves de enfermedad, ser atendido en hospitales militares; y que los que han muerto, lo han hecho en compañía de sus familiares.

 

La Carta-denuncia enviada al Relator Especial, tiene por objeto poner en su conocimiento ambas iniciativas y solicitarle al mismo tiempo, arbitre todas las medidas conducentes, en el marco de sus atribuciones y competencia, tendientes a representar al Gobierno chileno el abierto incumplimiento que la aprobación de la denominada Ley Humanitaria y el otorgamiento de los indultos particulares importan,  a las obligaciones asumidas por el Estado de Chile en materia de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición, ante la comunidad internacional.

 

 

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