La crisis mundial desatada por el COVID-19 ha agravado la situación de América Latina y el Caribe que enfrenta mayores dificultades para combatir el avance de la pandemia. La pobreza estructural, el endeudamiento y la paralización de la producción, agudizan la crisis económica y social que atraviesan muchos países de la región. En este contexto, la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) prevé una caída del PIB de al menos un -5,2% en 2020, según sus últimas proyecciones.

 

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, analiza los retos que deberá enfrentar la región y expone la importancia de los organismos de integración para definir estrategias conjuntas que permitan mitigar el impacto de la pandemia.

 

 

– ¿Cómo ve el panorama en América Latina y el Caribe frente a la pandemia del COVID-19? ¿Qué iniciativas propone la CEPAL para mitigar sus efectos en los países más endeudados de la región?

– El mundo se encuentra ante una crisis humanitaria y sanitaria sin precedentes en el último siglo en un contexto económico ya adverso. A diferencia de 2008, esta no es una crisis financiera sino de personas, producción y bienestar. Una situación de economía de guerra es demasiado importante para dejarla al mercado. Los Estados están asumiendo un papel central para suprimir el virus y los riesgos que afectarán a la economía y la cohesión social.

América Latina y el Caribe enfrenta la pandemia desde una posición más débil que la del resto del mundo. Antes de la llegada del COVID-19, la CEPAL preveía que la región crecería un máximo del 1,3% en 2020. Sin embargo, los efectos de la crisis han llevado a cambiar esa previsión y pronosticar una caída del PIB de al menos -5,2%, de acuerdo a nuestras últimas proyecciones. El impacto económico final dependerá de las medidas que se tomen a nivel nacional, regional y global.

 

La crisis del COVID-19 tendrá efectos económicos directos en los sistemas de salud y las tasas de mortalidad, y efectos indirectos, que se materializarán por el lado de la oferta y la demanda en la economía.

 

Entre los efectos directos se cuenta el impacto en los sistemas de salud de la región, cuya infraestructura es insuficiente para enfrentar los problemas generados por la pandemia.

 

La mayoría de los países de la región se caracterizan por tener sistemas de salud débiles y fragmentados, que no garantizan el acceso universal necesario para hacer frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Por ello, fortalecer los sistemas de salud requiere mayor y mejor gasto público: los países de la región gastan en promedio el 2,2% del PIB en salud; por lo tanto, es necesario encontrar espacio fiscal para fortalecerlos.

 

Los efectos indirectos de la crisis desatada por la pandemia se están sintiendo en la región a través de seis canales externos de transmisión: 1) La disminución de la actividad económica de sus principales socios comerciales y sus efectos; 2) La caída de los precios de los productos primarios; 3) La interrupción de las cadenas globales de valor; 4) La menor demanda de servicios de turismo; 5) La reducción de las remesas y 6) La intensificación de la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales.

Asimismo, se prevé que el valor de las exportaciones de la región caerá por lo menos en 10,7% en 2020, debido a la disminución de los precios y a la contracción en la demanda agregada global. Además, dado que la propagación del virus ha acelerado el uso de internet y de las tecnologías digitales, este aumento puede exacerbar las desigualdades derivadas del distinto acceso a las mismas entre los países y entre los grupos de ingresos.

 

En esta coyuntura, la cooperación internacional juega un rol fundamental. La salida de la crisis dependerá de la fortaleza económica de cada país, por lo tanto, dadas las asimetrías entre los países desarrollados y en desarrollo, el papel de la ONU, el FMI y el Banco Mundial será esencial para garantizar el acceso al financiamiento y sostener el gasto social y la actividad económica con medidas innovadoras.

 

Para abordar la emergencia sanitaria es imperativo aplicar inmediatamente y de manera eficiente las medidas de contención sugeridas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), fortalecer los sistemas de salud y garantizar acceso universal a pruebas, medicamentos y curas.

 

Para abordar la emergencia social son necesarias medidas de protección de los ingresos para los grupos más vulnerables, medidas de protección del empleo, como los subsidios de desempleo e ingreso básico de emergencia, y medidas de apoyo a las pequeñas y medias empresas (Pymes) y los trabajadores por cuenta propia.

 

En tanto, para abordar la emergencia económica se requieren acciones de política fiscal, de política monetaria y de cooperación internacional, explica el estudio. En materia fiscal, se deben reorganizar presupuestos para implementar paquetes de estímulo fiscal a fin fortalecer los sistemas de salud, proteger los ingresos y minimizar la contracción de la economía.

 

En el área monetaria hay que procurar la estabilización de los tipos de cambio y preservar la solvencia y el funcionamiento del mercado bancario. Y para incentivar la cooperación internacional es necesario reconsiderar las políticas de préstamos concesionales y de graduación de los organismos internacionales. También facilitar los préstamos a bajo interés y postergar el servicio de deuda a los países en vías de desarrollo, incluidos los de renta media.

 

Para apoyar el seguimiento y monitoreo de avances de los países para enfrentar la pandemia a mediano y largo plazo, la CEPAL ha puesto en marcha el Observatorio COVID-19, un esfuerzo coordinado por la Comisión con el apoyo de los coordinadores residentes de las Naciones Unidas, que presentará información actualizada sobre los anuncios de política de cada país y otros materiales de interés. El Observatorio contiene información sobre movimientos dentro y entre los países, salud, trabajo, economía y escolaridad.

 

– Durante el aislamiento social se ha detectado el incremento de denuncias por violencia de género en la región, ¿Qué medidas deberían implementar los gobiernos para garantizar la seguridad de las mujeres en el marco de la pandemia y qué puede hacer la CEPAL al respecto?

– En efecto, la situación de cuarentena o confinamiento conlleva serias amenazas a la seguridad de muchas mujeres y niñas que sufren violencia en sus hogares, ya que aumenta el tiempo que las mujeres están solas con sus abusadores y reduce las posibilidades de buscar ayuda. En los países de la región que cuentan con mediciones, al menos una de cada cuatro mujeres ha experimentado un episodio de violencia física o sexual infligida por su pareja.

 

En la mayoría de los países latinoamericanos, los perpetradores de feminicidios son las parejas o exparejas de las víctimas. En Ecuador, Uruguay y Perú, por ejemplo, este tipo de feminicidio supera el 85% del total de las muertes de mujeres en el país. Las barreras para acceder a servicios esenciales como servicios de salud, servicios de justicia y servicios sociales como refugios y servicios de apoyo psicosocial se amplifican.

 

No podemos permitir que la violencia de género prevalezca. No podemos retroceder en el camino avanzado. Dijimos “no a la violencia contra la mujer”, dijimos “ni una menos”, y hoy más que nunca debemos reafirmar esa convicción. Los gobiernos deben garantizar el bienestar de las mujeres y las niñas, más aún en situaciones de cuarentena o confinamiento.

 

Por ello valoramos y destacamos medidas como la aplicada por el Gobierno argentino, que autoriza a las mujeres y cualquier integrante de la comunidad LGTTBI a romper el aislamiento social, preventivo y obligatorio para ir solas o junto a sus hijos e hijas a denunciar hechos de violencia de género.

 

Clase y Género: 27 de Septiembre Marcha del Orgullo GAY y LGTTBIEn la CEPAL estamos preocupados, por ello, el pasado 8 de abril participamos en la reunión informativa entre las Ministras y altas autoridades de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres de América Latina y el Caribe: La respuesta a la crisis de la pandemia COVID-19 desde la perspectiva de género, que se realizó de manera virtual bajo la organización de la CEPAL y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), y en la cual estuvieron presentes representantes de 29 países de la región: 14 de América Latina y 15 del Caribe.

 

Creemos que es necesario diseñar e implementar políticas públicas integrales desde una perspectiva de género y de derechos para responder a la pandemia en el corto, el mediano y el largo plazo.

 

– ¿Qué rol juegan los organismos regionales de integración en la actual emergencia por la pandemia? ¿Qué puede aportar el Grupo de Puebla?

– En la CEPAL consideramos que la integración regional es crucial para enfrentar la crisis. Los países de la región tienen capacidades productivas poco sofisticadas y fragmentadas a nivel regional, por lo que se requiere escalar las capacidades nacionales y regionales, principalmente en la producción y provisión de bienes de primera necesidad. Para ello es imperativo impulsar el comercio intrarregional.

 

En este contexto crítico, y porque estamos convencidos de que es tiempo de solidaridad, no de exclusión, hemos llamado a levantar las sanciones impuestas a Cuba y a Venezuela para permitir su acceso a alimentos, suministros médicos y pruebas de la COVID-19 y asistencia médica.

 

Ahora bien, con una mirada a largo plazo, creemos que la región deberá repensar sus estrategias de desarrollo para prevenir la severidad de futuros choques. En este sentido, la CEPAL propone la creación de un fondo regional dedicado a las necesidades particulares de los países de ingresos medios para apoyar la recuperación social, económica y productiva. Asimismo, hemos enfatizado en la importancia de contar con un apoyo flexible de las organizaciones financieras multilaterales.

Los países en desarrollo deben negociar colectivamente préstamos en condiciones favorables y servicios de la deuda y revisar las políticas de graduación para los países de ingresos medios.

 

Respecto al Grupo de Puebla, creo que puede hacer un enorme aporte a la discusión regional y global. Lo integran hombres y mujeres donde se cuentan personalidades que han encabezado países, ministerios, alcaldías junto a destacados académicos y dirigentes sociales. Allí coincide una enorme cantera de experiencia, de muchos que han estudiado profundamente los desafios de nuestra latinoamérica junto a quienes han tenido que implementar política pública y conducir Estados, y todos con gran sensibilidad social y una común rebeldía frente a la desigualdad.

 

 

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