El 18 de Octubre ya está inscrito como fecha emblemática en la historia de las luchas populares en Chile. Ese día estalló el malestar acumulado en largos años de sobreexplotación, marginación y abusos. Para el Centro de Formación Memoria y Futuro, conformado por parientes y amigos de los dirigentes socialistas de la primera resistencia al golpe, ejecutados y hechos desaparecer por la dictadura cívico militar, el significado de ese 18 de Octubre y del movimiento de movilización popular multifacética y combativa que dio inicio, es de importancia capital, pues logró generar, ¡por fin!, las condiciones culturales y políticas para poner término a la interminable transición a la democracia.

 

En Memoria y Futuro creemos que lo que se ha vivido bajo los gobiernos post Pinochet, es una democracia de bajo impacto, semi soberana, que en esencia responde al diseño institucional trazado por Pinochet y Guzmán, la constitución del 80. Una cancha dispareja que, no importando quién gobierna, lo que se hace o se deja de hacer, en lo esencial, no es sustancialmente distinto de lo que harían las fuerzas políticas herederas de la dictadura y servidoras de las oligarquías. Asimismo, los grandes grupos económicos que en esta democracia “en la medida de lo posible” acumularon enormes niveles de riqueza a costa de acrecentar las diferencias sociales, condenando a las mayorías nacionales a la pauperización, con sueldos miserables, empleos precarios, subempleos y desempleo disfrazado, que significan marginación, endeudamiento, privaciones y angustias.

 

Los servicios privatizados o degradados por el estado mínimo en salud, educación, previsión y vivienda, agravan las condiciones de vida, conformando un país profundamente escindido por diferencias sociales abismantes , que constituyen en sí mismo un orden social y económico injusto y aberrante, que ya agotó su potencial de crecimiento fácil con su modelo primario exportador de bajo valor agregado, depredador de la naturaleza y que condena a amplios sectores de la nación a zonas de sacrificio y condiciones de vida indignas. Para poner fin a este orden y a sus representantes políticos, se alzó el pueblo ese 18 de Octubre.

 

La movilización social se extendió pronto a todo el país y se expresó en multitudinarias manifestaciones, cuya dimensión no se habían visto en décadas, expresándose en formas creativas y originales de protesta en plazas y barrios de las principales ciudades y pueblos, teniendo su epicentro en centenares de cabildos y asambleas barriales, y especialmente en la emblemática Plaza de la Dignidad (ex Plaza Baquedano o Plaza Italia), donde millares protagonizaron, cada Viernes, magníficas jornadas de protesta, protegidos por la valerosa primera línea, que hizo frente a la violencia represiva, criminal, de las fuerzas del estado, carabineros, cuyos uniformes volvieron a mancharse una vez más con la sangre del pueblo: más de 400 víctimas de traumas oculares, algunos perdiendo totalmente la vista, y más de una treintena de jóvenes de sectores populares fueron asesinados.

El movimiento nacional de protesta se mantuvo en pleno vigor por más de 5 meses, hasta mediados de Marzo, donde se decretó el estado de catástrofe nacional por el Covid 19.

 

Pandemia, estado de catástrofe y nuevas formas de movilización social.

 

El Pueblo rápidamente ha captado la seriedad de la amenaza a la salud pública que conlleva esta nueva versión del Coronavirus. Obligado a seguir trabajando para subsistir en su malvivir, a seguir hacinado en horarios puntas del transporte público, en sus propias estrechas viviendas o lugares de trabajo, sin los elementos de protección personal esenciales para impedir o dificultar el contagio.

 

La principal medida preventiva del contagio es el distanciamiento social; así lo ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, y asi lo estan implementando con mayor o menor rigor los gobiernos del mundo, según sea su enfoque para proteger la salud y la vida, y al mismo tiempo perturbar lo menos posible las condiciones de vida, estudio y trabajo habituales. En Chile, el gobierno de Piñera ha declarado estado de catástrofe nacional, que le da amplias atribuciones, e impuesto un toque de queda nocturno, usando cuarentenas selectivas, cambiantes a niveles comunales.

 

Tanto la pandemia como las medidas para mitigar sus efectos, han implicado pérdidas de empleos para miles de trabajadores dependientes, que se han visto compelidos a recurrir al seguro de desempleo. Más dramática es la situación de los trabajadores independientes que solo tendrán apoyo mediante escuálidos bonos. La quiebra de centenares de miles de pequeñas y medianas empresas es inminente y recién se habla de créditos blandos para ellos, con garantía estatal del 85%, de forma que los bancos privados presten el dinero que el Banco Central les pasará a costo cero.

 

En estas condiciones de catástrofe nacional, en que todas las medidas sanitarias y económico sociales del gobierno del gran empresariado, llegan con gotario y con tardanza, y donde los trabajadores se ven expuestos a la pérdida de empleos, rebajas salariales y eliminación de la organización sindical, se ha producido una desmovilización del movimiento social, que progresivamente se va revirtiendo con acciones de denuncia y resistencia a través de las redes sociales, con acciones de arte, foros y conversatorios virtuales, con acciones colectivas desde los territorios, como caceroleos, abanderamientos y acciones de resistencia activa en algunas poblaciones populares. El malestar es creciente frente a la respuesta mezquina e insensible del gobierno y la oligarquía, ante la angustia y precariedad de la población. El desagrado se amplifica cuando se constatan los intentos de la derecha más reaccionaria de saltarse el plebiscito de entrada previsto por el proceso constituyente, hoy postergado para el 25 de Octubre; la tentativa de imponer aún más impunidad liberando a los genocidas de Punta Peuco, bajo el expediente de su vejez o de enfermedad, o rebajando penas por crímenes atroces, como hizo la infamante sentencia de la 8va sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. Imposibilitados de tramitar una ley que permita conmutar la pena de cárcel por arresto domiciliario para los violadores de Derechos Humanos, presionan por un indulto Presidencial selectivo.

 

El movimiento de Derechos Humanos se ha movilizado y ha logrado detener en parte esta ofensiva; sin embargo, es necesario intensificar las acciones de denuncia y movilización hasta lograr impedir o revertir estas acciones de la derecha más recalcitrante en pos de la impunidad. Hoy, lo más importante es preservar la salud y la vida de la población, especialmente la más vulnerable a este virus, mientras se mantienen niveles de organización y movilización en torno a la defensa de los derechos que se están arrebatando en el plano laboral y social, se paraliza la ofensiva por la impunidad y se exige la liberación de los presos y presas de la protesta que corren grave riesgo de contagio en las hacinadas cárceles.

 

La energía desatada por el movimiento del 18 de Octubre y la conciencia que se forjó en los meses posteriores, volverá en cuanto sea posible y será aún más potente. Aprovechemos este impulso para cambiar definitivamente el país generando una Nueva Constitución, genuinamente democrática ,que ponga fin de una vez por todas, a la herencia de la dictadura y a su orden neoliberal, que fracasará rotundamente en enfrentar esta pandemia y sus consecuencias económico sociales. Para tal fin es preciso avanzar aún más en los niveles de unidad entre la dirigencia social y política del movimiento democrático y gestar una dirección efectiva y prestigiada que permita en un futuro pronto disputarle el gobierno a la derecha para democratizar el país.

 

 

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