El Tercer Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización de $70.000.000 (setenta millones de pesos) a profesora que fue sometida a sesiones de torturas en el denominado Cuartel Borgoño de la CNI, en 1985, tras ser detenida en la Población Dávila.

 

En la sentencia , la magistrada Guinette López Insinilla rechazó la excepción de pago y ordenó indemnizar a la demandante, quien fue víctima de un crimen de lesa humanidad perpetrado por agentes del Estado.

 

«Que, como ya se adelantó, en el motivo décimo precedente, es un hecho de la causa que la demandante fue detenida y trasladada a un centro de reclusión, permaneciendo por un espacio superior a 10 días, aproximadamente, privada de libertad, siendo torturada y sometida a apremios ilegítimos, tales como obligarla a desnudarse, golpes por todo el cuerpo, además de aplicarle electricidad en muchas partes de su cuerpo, incluyendo sus genitales e incomunicada, siendo calificada como víctima del listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Comisión Valech I, ello de acuerdo a la prueba rendida en autos, apreciada en forma legal», plantea el fallo.

 

La resolución agrega: «Que, luego, tal como se detalló en el motivo décimo, lo que se ve corroborado con la testimonial rendida en autos que se refiere a los daños psicológicos sufridos por la actora, estrés postraumáticos y problemas a nivel laboral y en sus relaciones personales o familiares, entre otros. Que, estos hechos, conducen a establecer la responsabilidad del Estado en la detención y tortura de doña Delfina del Carmen Briones».

 

 

«En efecto, la Carta de las Naciones Unidas contiene entre sus propósitos y principios, el respeto a los Derechos Humanos y a las Libertades Fundamentales de todos, tema recurrente en sus objetivos y que ha sido reiterado en posteriores Tratados Internacionales (…). Por su parte, la Constitución Política de la República de 1925, garantizaba a todos los habitantes de la República la libertad, al regular en sus artículos un estatuto de derechos de las personas, deberes de las autoridades y requisitos para proceder a la privación de ella», añade.

 

El fallo, además, considera que: «En el Acta Constitucional de la Junta de Gobierno, DL N° 1 de 11 de septiembre de 1973, en su primera consideración se expone: ‘La fuerza Pública formada constitucionalmente por el Ejército, la Armada y el Cuerpo de Carabineros representa la organización que el Estado se ha dado para el resguardo y defensa de su integridad física y moral; y de su identidad histórico cultural…’; ‘… su misión suprema es la de asegurar por sobre toda otra consideración la supervivencia de dichas realidades y valores, que son los superiores y permanentes de la nacionalidad chilena’ (…). El artículo 4 del DL N° 5, publicado el 22 de septiembre de 1973, sanciona a quienes cometieren atentados contra la vida e integridad física de las personas, con el propósito de alterar la seguridad interna o intimidar a la población o procedan a su encierro o detención».

 

«Luego, tratándose en la especie de una violación a los Derechos Humanos debemos acudir también a la Convención Americana de Derechos Humanos, que en sus artículos 1.1 y 63.1 señala que cuando ha existido una violación a los Derechos Humanos surge para el Estado infractor la obligación de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada», sostiene.

 

«De acuerdo con lo que dispone el inciso segundo del aludido precepto, los derechos humanos asegurados en un tratado se incorporan al ordenamiento jurídico interno, por lo cual ningún Órgano del Estado puede desconocerlos, por el contrario debe respetarlos y promoverlos. Dicha obligación también deriva de los Tratados Internacionales como el Convenio de Ginebra de 1949, que establece el deber de los Estados parte de respetar y hacer respetar el Derecho Internacional Humanitario», concluye.

 

 

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