Juzgado obliga al Fisco a pagar indemnización a dos hermanas torturadas por agentes del Estado chileno en 1974

Velatón frente al centro de tortura y exterminio Londres 38

El Vigésimo Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización total de $ 250.000.000 (doscientos cincuenta millones de pesos) a Astrid Helga Heitmann Ghigliotto e Ingrid Sylvia Heitmann Ghigliotto, quienes fueron detenidas en febrero de 1974 y conducidas al subterráneo de la plaza de la Constitución y luego derivadas a Londres 38 y Tejas Verdes, lugares donde son sometidas a sesiones de tortura. En el caso de Ingrid Heitmann, fue vuelta a detener en diciembre de 1974 y conducida, en esta ocasión, a los centros clandestinos conocidos como La Venda Sexy, Tres y Cuatro Álamos.

 

En la sentencia, la magistrada Gabriela Silva Herrera estableció la responsabilidad del Estado por crímenes de lesa humanidad perpetrados por sus agentes en contra de las hermanas Heitmann Ghigliotto, delito imprescriptible penal y civilmente.
«Debe tenerse presente además, que no estamos frente a una acción de indemnización de perjuicios común, que derive de relaciones privadas contractuales o extracontractuales propias del derecho interno, sino que nos encontramos ante una acción que se sustenta en situaciones de carácter humanitaria y que por lo tanto debe sujetarse a normas y principios y las reglas internacionales que conforman el ius cogens
, propias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos», plantea el fallo.
Para el tribunal: «De acoger la tesis planteada por la demandada en este punto, resultaría una grave infracción a las obligaciones internacionales que ha contraído nuestro Estado, por cuanto ha ratificado la Convención de Viena en 1980, la que en su artículo 27 establece que un Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, como por ejemplo -y como se ha venido señalando- la de reparación, norma que por lo demás, según nuestro ordenamiento interno tiene rango constitucional de acuerdo al artículo 5º de la Constitución Política del Estado, por lo que contrariar la norma mencionada, sería incluso infringir a nuestro propio sistema jurídico».
«Señala –continúa– también la Convención Americana sobre Derechos Humanos o ‘Pacto de San José de Costa Rica’, ratificada por Chile y vigente, que dispone en su artículo 63.1 que ‘cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada‘, lo que se traduce en una obligación constitucional para el Estado chileno, de indemnizar por la perpetración de crímenes de lesa humanidad, incorporada a nuestro derecho interno por mandato del artículo 5° de la carta política, sin que sea posible estimar, como pretende la demandada, que dicha instrucción indemnizatoria está dirigida exclusivamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no a nuestros tribunales de justicia, aserto que importaría desdeñar preceptos constitucionales».

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