La semana pasada el Presidente Alberto Fernández sacudió el aburrimiento de la cuarentena con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el que se ordenó la intervención –por 60 días- a la empresa agroexportadora Vicentin y anticipó la remisión al Parlamento del Proyecto de Expropiación de la misma.

 

De inmediato se desataron variadas hipótesis sobre la legalidad, razones y el destino de tal hecho. Han sido ampliamente difundidos las disposiciones y los antecedentes del DNU ya señalado. De lo que poco y nada se sabe es acerca de aquellos temas o cuestiones que pueden estar en la raíz más profunda de esa medida.

Tampoco es mucho lo que se sabe sobre el destino de la misma. Penetrar en esas razones permitiría comprender mejor la perspectiva de esta medida.

 

De hecho, ella se ha constituido en la primera acción de impacto en  la vida económica del país a seis meses de haber asumido, con la obvia peste de por medio y cuando todavía se está discutiendo un acuerdo por la reclamada deuda externa. Ello, en lugar de quitarle relevancia, le da una importancia aún mayor.

 

Son varias las razones que pueden formar parte de la decisión adoptada. Entre ellas se habla que puede ser el inicio de un camino de cambios. No faltan quienes creen que responde a una necesidad estructural de nuestra economía; también están los que consideran que los múltiples negocios que esta acción encierra forman parte de la decisión adoptada.

 

Por último no faltan los que entienden que es una medida que tiene su origen en una imprevisión subordinada a la necesidad de buscar respuestas a esta crisis económica y las dificultades que el “pico” del Covid-19 y la continuidad de las cuarentenas traen consigo.

 

Es muy probable que la decisión adoptada sea una síntesis de éstas y otras perspectivas, según el “cristal con el que se mire”.

 

La intervención/expropiación como inicio de un camino

 

Para el kirchnerismo más duro, que suele identificarse con la hoy vicepresidenta Cristina Fernándz de Kirchner, se trata de una medida que señala el camino de otras que vendrán en la misma dirección y que definirían la política estatal en la medida que se vaya superando la pandemia.

 

Los Nardelli dirigían Vicentin

Quienes así piensan suponen que esas medidas son cercanas al  “Manifiesto Nacional por la Soberanía, el Trabajo y la Producción”, elaborado por diferentes organizaciones sociales, sindicales y pymes, entregado –días pasados- al Presidente.

 

Alberto Fernández, por convicción, conveniencia o estrategia ha procurado poner distancia con esa idea sosteniendo: “Nadie puede pensar que nosotros tenemos como política quedarnos con las empresas privadas, esencialmente porque no creo en eso. La medida sobre Vicentin es algo absolutamente excepcional… No está en la cabeza de ninguno andar expropiando empresas”.

 

Pensamiento coherente, no con esta decisión pero sí con sus críticas a procedimientos parecidos realizados por el propio kirchnerismo en Yacimientos Petrolíferos Fiscales, AFJP y Aerolíneas Argentinas.

 

Si el gobierno decide continuar por este camino es largo el trecho que tiene por delante. La creación de una Junta Nacional de Granos que controle el comercio exterior del sector es una de las claves, ya planteadas.

 

En toda esta política, la tierra y los alimentos ocupan un lugar central y ambos están manejados por los grupos más concentrados, nacionales o extranjeros. Para avanzar en esa dirección el gobierno tendrá que garantizar no solo una firme homogeneidad interna y la suficiente mayoría parlamentaria, sino un poder del pueblo organizado, sin el cual será difícil sostener dicha política.

 

Resolver Vicentin: necesidad estructural del gobierno

 

Esta perspectiva está en la línea de lo que plantea el gobierno como explicación o justificación de la medida adoptada. Dicho fundamento tiene varias facetas. Una de ellas es asegurar la continuidad de la empresa. Entre sus empresas  aceitera, algodonera, vitivinícola y frigorífica, hay –de un modo directo- más de seis mil trabajadores involucrados.

 

El estado de cesación de pagos afecta a más de dos mil acreedores nacionales y extranjeros por un valor que supera los 130 mil millones de pesos. Es la sexta  empresa exportadora argentina; con un 9% del total y con un volumen de 8,4 millones de toneladas. En consecuencia lo que está en juego son los puestos de trabajo, una eventual pérdida de activos y el riesgo para los acreedores que supone el no pago para sus empresas o actividades.

Desde el punto de vista alimenticio la situación actual de esta empresa hacía crecer las perspectivas de una mayor concentración del sector, afectando aún más a la soberanía alimentaria, con efectos sobre los precios y el mercado interno. Tampoco se pueden descartar los rumores acerca de una venta de la empresa a Glencore, la trasnacional con sede en Suiza que ya estaba asociada y había adquirido una parte de Vicentin.

 

Colocar a la Intervención de la empresa en la órbita de YPF, a través de la empresa YPF Agro, da una idea del objetivo perseguido. Se trata de fortalecer el sector energético del biodiesel junto a los hidrocarburos e integrando ambos con el sector agrario.

 

Agro, hidrocarburos y minería son los tres grandes sectores, ligados al extractivismo, que aportan divisas a las escasas posibilidades actuales de conseguirlas. Desde ese punto de vista no es descartable que desde el gobierno imaginen a Vicentin como un pequeño sustituto a la actual frustración de los yacimientos de hidrocarburos de Vaca Muerta.

 

En los primeros cinco meses de este año, el sector cerealero dejó de ingresar -respecto a igual período del año pasado- unos 1.500 millones dólares.

 

Vicentin es –además- un negocio de muchos negocios

 

Es una de las empresas más grandes del país, la más importante en materia de molienda de oleaginosas, siendo la mayor productora de biodiesel en Argentina. Solo en ese rubro las ventas superan los tres mil 500 millones de dólares. Un detalle no menor es que cuenta con dos terminales portuarias.

 

Así se podría seguir enumerando diversos negocios de esta empresa que además cuenta con fuerte influencia en el sector de las carnes, algodón, vinos. El volumen y la multiplicidad de negocios señalan una buena oportunidad para que los argentinos puedan demostrar que la mala administración de los recursos estatales es cosa del pasado. De lo contrario la gestión actual entrará a chapotear en el barro. En este tema se jugará buena parte de la suerte de esta empresa, también el futuro y trascendencia del actual gobierno.

 

Improvisacion como riesgo y legalidad de la intervención

 

Este es otro de los males argentinos que está presente en la memoria colectiva. El desconocimiento de la correlación de fuerzas con las que tendrá que lidiar. Otras ignorancias o errores, en el legítimo proceso de estatización, han hecho que más de una brillante idea haya quedado apagada por la evolución de la situación.

 

De ese modo se pierden las ventajas de esa perspectiva y se incrementan los costos que recaen sobre la espalda de toda la comunidad que debería ser su natural beneficiario. Lo ocurrido con YPF es un ejemplo digno de ser tenido en cuenta.

 

Al momento de cerrar aquel proceso de “argentinización” y “expropiación”, Axel Kicillof como Ministro de Economía de aquella época, les dijo a los senadores que nada nos costaría y que los españoles (Repsol) tendrían que pagar por los “daños ambientales” producidos. La realidad posterior está demostrando que eso no fue así.

 

Argentina tuvo que emitir bonos –por el 50% de aquella expropiación- por unos 5.600 millones de dólares, en papeles que ahora se están renegociando. Mientras un fondo buitre, Burford Capital, que le compró los derechos a la familia Eskenazzi –dueña, sin haber puesto un peso, del 25% de las acciones de YPF y muy vinculada a la provincia de Santa Cruz- reclama otros tres mil millones ante la justicia estadounidense.

 

Ahora, desde diversas tribunas se está cuestionando la legalidad de la Intervención. Se plantea que la medida del Ejecutivo se hizo en momentos que la empresa está sujeta al régimen de un Concurso Preventivo que se tramita en los Tribunales. En función de ello esa decisión es competencia de la Justicia, no así la eventual expropiación a partir del momento que lo vote el Congreso.

 

Esto hace que este caso sea  distinto a otros semejantes, convirtiendo en cuestionable su legalidad, poniendo en riesgo los efectos de una medida valiosa. Hacerlo de esta manera es tontería, impericia y ya conocemos sus efectos para el pueblo. La pregunta es la de siempre: si las cosas se pueden hacer bien, ¿porqué las hacen de otra manera?

 

Vicentin: hay otros caminos

Las medidas que son públicas no son las únicas posibles. Había otros caminos, con menos costos y posibilidades de superiores avances. En primer lugar es posible recuperar la empresa de la mano de trabajadores y productores. Ello debe estar presente en cualquiera de los caminos que se tome.

 

La acción conjunta de estos sectores, que producen, elaboran y -en buena medida- comercializan esos bienes, es -junto al Estado- la mayor garantía para no equivocar las decisiones centrales. La presencia orgánica de trabajadores y productores asegura los intereses sectoriales de cada uno de ellos y la presencia estatal los sintetiza con el colectivo.

 

Si se hubiera puesto el eje de la presión estatal en la quiebra de la empresa ello hubiera permitido transformarla rápidamente –de la mano de los créditos laborales- en una empresa social, en el marco de las empresas recuperadas. Ello también facilitaría una superior autonomía futura y una independencia mayor respecto de los bancos privados nacionales y extranjeros que –de lo contrario- seguirán apretando el cinto en torno al futuro de este grupo, al margen de quien tenga su gestión. El crédito de la banca estatal se podía garantizar con la propia evolución de la empresa, con gestión estatal y participación de los sectores productivo y laboral.

 

*Analista político y dirigente social argentino, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

 

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