El 23 de enero del 2019 Juan Guaidó se autojuramentó Presidente de Venezuela.  En ese momento anunció como una de sus prioridades, «salvaguardar los activos de la nación, del peligro de caer en manos extranjeras por los incumplimientos de las autoridades chavistas». Con el apoyo del gobierno de Trump se crearían las condiciones para la confiscación ilegal de activos venezolanos en el exterior y la administración de millones de dólares con la excusa de «la ayuda humanitaria a los venezolanos».

Gracias «al gobierno de Guaidó», Estados Unidos y sus aliados europeos se dotaron de una fuente ilegal de recursos, en la expectativa de hacerse de la principal reserva petrolera mundial e importantes yacimientos minerales. A cambio, Guaidó y sus aliados administran sumas millonarias, mientras el país es víctima de un bloqueo criminal y el robo de sus activos. Un amplio prontuario que intentamos condensar en diez puntos.Prontuario Guaidó

1- Los primeros 20: Como regalo de autoproclamación, el 24 de enero del 2019 el Departamento de Estado anunció su intención de otorgar más de US$ 20 millones al «nuevo gobierno» a ser utilizados para «ayuda humanitaria» y en la “lucha contra la escasez de comida y medicamentos”.

2– Caso Citibank: El Banco Central de Venezuela (BCV) acordó en 2015 un préstamo con Citibank por  US$ 1.600 millones con el  oro de las reservas internacionales en garantía. En Marzo del 2019 el banco alegó «retraso en el pago parcial de los compromisos» y decidió liquidar el oro para cobrarse toda la deuda de una vez. La diferencia entre el valor de la garantía y el monto por el cual se hizo el préstamo que le correspondía a la República, se le entrega al “gobierno interino”.  Con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, el Citibank transfiere de la cuenta del BCV  a una cuenta de la Reserva Federal en manos de la Asamblea Nacional US$ 340 millones.  El BCV calificó el acto como un vulgar despojo del patrimonio venezolano.

En Mayo de este año, como consecuencia del debate de la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital,  Carlos Vecchio, representante de Guaidó en Estados Unidos, declaró que ese dinero sólo se habían logrado movilizar la aprobación de US$ 80 millones, tras alcanzar acuerdos con la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés). La declaración surge luego de la información de la agencia de Noticias AP, sobre la asignación de un sueldo mensual de US$ 5.000 para cada diputado de quienes conforman la Asamblea Nacional paralela que lidera Guaidó.

En un comunicado del Centro de Comunicación Nacional del interinato , se explica la distribución de los recursos: US$ 14 millones para el programa de apoyo al Parlamento, y no al pago directo de los diputados;  US$ 4,5 millones en «la defensa de la democracia»; gastos sociales para atención humanitaria (US$ 35,9 millones); fortalecimiento de comunicaciones (US$ 5,5 millones); relaciones internacionales y servicio exterior (US$ 8,8 millones); contraloría especial y poder judicial (US$ 1,9 millón) y la implementación del presupuesto (US$ 9,3 millones).

3- Desmantelamiento de CITGO: En 2014 la transnacional minera canadiense Crystallex gana ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) el arbitraje contra el estado venezolano por pérdidas ocasionadas por la nacionalización en el año 2008 de la mina de oro Las Cristinas. El centro ordena al Estado venezolano el pago de 1,4 millardos de dólares como indemnización.

En mayo de este año el Tribunal del Distrito de Delaware dio el visto bueno a la posible venta de acciones de CITGO y considera por separado los reclamos de Crystallex y el productor independiente estadounidense ConocoPhillips, cuya demanda podría alcanzar los 8.700 millones de dólares. Con ambas empresas existían acuerdos que las sanciones impidieron cumplir.

Desde la firma en 2019 de la orden ejecutiva que congela todos los activos del gobierno de Venezuela en territorio estadounidense, se estima que la apropiación ilegal de Citgo le costó al país 11 mil millones de dólares en pérdidas por dividendos congelados. El «gobierno de Guaidó» asumió ilegalmente la directiva de Citgo para «proteger los activos venezolanos», pero en la acción contra Criystallex nombra como procurador al abogado José Ignacio Hernández, «testigo experto» del bufete que defendió a la transnacional en el proceso legal contra la República Bolivariana de Venezuela de 2017.

Hernández presentó el argumento de que PDVSA era “un alter ego del gobierno venezolano”, por lo que la empresa canadiense podía cobrar la deuda con la venta de los activos venezolanos en  Estados Unidos. A pesar del claro conflicto de intereses el «gobierno interino» destina 20 millones de dólares para la «defensa jurídica».

Tras la ratificación por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos de la venta de las refinerías de CITGO Petroleum Corporation, la Corte de Delaware  emitió una orden para proceder a su venta. De acuerdo a los registros legales, CITGO está valorada en USD 8 mil millones. Posee tres refinerías ubicadas en Luisiana, Texas e Illinois y una red de oleoductos que cruzan 23 estados de la nación norteamericana, y aporta entre 5 y 10 por ciento de la gasolina que se consume en ese país. 

El Ejecutivo venezolano calificó estas acciones como «terrorismo económico» y denunció la implicación de Juan Guaidó y el gobierno de Estados Unidos, en un plan para apropiarse de los recursos de la nación Bolivariana: Citgo; Monómeros (Colombia), PDV Caribe (en todo el Caribe) y PDV América (en el continente).

4- Caso Novo Banco en Portugal: En Abril de 2019 el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, solicitó al gobierno de Portugal pronunciarse por el secuestro de más de mil 700 millones de dólares que estaban destinados a la compra de medicinas, alimentos, vacunas, insumos industriales, semillas y fertilizantes, en Novo Banco en Portugal.

El banco que heredó los activos saneados del extinto Banco Espírito Santo, pertenece en un 75% al fondo norteamericano de capital de riesgo Lone Star. Desde Novo Banco (Portugal) se realizaban las transferencias para el Banca Versilia (Italia) para el pago de la Asociación ATMO italiana, con la que había un convenio para realizar trasplantes de médula ósea en niños y adultos. El programa de salud con Italia se ejecutaba a través de CITGO, confiscada por EEUU.

La Asamblea Nacional en desacato presidida por Guaidó presionó junto al gobierno de Estados Unidos para que los recursos no fueran liberados. Decenas de pacientes se vieron afectados en su tratamiento en Italia y Argentina y varios niños fallecieron.

5- Caso Oro Venezolano en el Banco de Inglaterra: La disputa con el Banco de Inglaterra se inicia desde que Reino Unido reconoce a Juan Guaidó como Presidente interino de Venezuela. El gobierno nacional inicia una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra por el retiro de US$1.000 millones en lingotes para venderlos y usar los fondos para enfrentar la pandemia del coronavirus.

En Julio de este año el Tribunal ratificó la posición de Reino Unido a favor de Guaidó. El diputado admite por su parte que había intercedido para que no se le otorgaran los recursos al presidente Maduro. “Si se transfiere el dinero… será utilizado por el régimen ilegítimo y cleptocrático de Nicolás Maduro para reprimir y maltratar al pueblo venezolano”, dijo en una carta enviada a la entonces primera ministra británica, Theresa May y al  gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney.

En las bóvedas del Banco de Inglaterra se encuentran  31 toneladas de oro venezolano que ahora le son reconocidas al «gobierno de Guaidó». El Banco de Inglaterra tiene una de las bóvedas de oro más grandes del mundo y paradójicamente se ufana de que nunca ha sido robado un lingote de oro en sus instalaciones.

Cabe destacar que en 2011, el Presidente Hugo Chávez repatrió cerca de 160 toneladas de oro de los bancos de Estados Unidos y de la Unión Europea al Banco Central de Venezuela, alegando la necesidad del país de tener el control físico de sus activos. El tiempo le dio la razón.

Tampoco se debe olvidar que, según un audio filtrado de la representante de Guaidó ante Reino Unido, Vanessa Neumann, que en agradecimiento por estas gestiones, el interinato silenciaría la contienda legal para reclamar el territorio Esequibo.

6- Ayuda Humanitaria: Uno de los mayores negocios de la oposición venezolana es la emigración inducida. Bajo la excusa de «la ayuda humanitaria» el «gobierno de Guaidó» maneja innumerables recursos desde que se autoproclamó.

Voceros de su «gobierno» como Carlos Veccchio admiten que se han destinado más de US$ 600 millones a este concepto. Informó que US$ 128 millones fueron entregados al gobierno de Juan Guaidó a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), para financiar sus operaciones, defender los derechos humanos y desarrollar planes para recuperar la economía y los servicios básicos en Venezuela.

El tema tuvo amplia visibilización en febrero del 2019 con la organización del “Gran Concierto por la Paz” en el Puente Simón Bolívar, frontera entre Colombia y Venezuela. Antesala de la entrada fallida de gandolas con supuesta ayuda humanitaria, que se demostró formaban parte de una operación militar encubierta contra el país.

El concierto recaudó 2,5 millones de dólares para la ayuda humanitaria. Posteriormente, el ex embajador en Colombia del Gobierno de Guaidó, Humberto Calderón Berti, denunció casos de doble facturación y la utilización de recursos de la ayuda humanitaria en «hoteles, fiestas, prostitutas y licor» y varios integrantes del equipo de Guaidó se vieron involucrados en hechos de corrupción.

Calderón Berti también aseguró tener información sobre el desplazamiento a cuentas personales de los intereses de los 7 mil millones de dólares depositados en bancos norteamericanos o de otros continentes que pertenecen a Citgo.

El ex representante de Guaidó, reveló que recibieron datos de la Dirección de Inteligencia en Colombia que señalaban posibles irregularidades en el manejo de los recursos que debieron llegar a los soldados desertores.

7- Operación Gedeón: El 3 de mayo de este año fracasa en las costas de Chuao y La Guaira la incursión armada denominada Operación Gedeón, financiada desde Estados Unidos y por el paramilitarismo colombiano con la complicidad del «gobierno» de Juan Guaidó. La operación militar se definió en un contrato firmado entre Guaidó como «Presidente de Venezuela», sus asesores Sergio Vergara y Juan José Rendon y  Jordan Goudreau como representante de la empresa Silvercorp USA, contratista para operaciones militares.

El documento establece el pago de 212 millones 900 mil dólares respaldados en petróleo venezolano, para ejecutar la operación en 495 días. En el mismo se acuerda pagar mensualmente al contratista después de la culminación del proyecto un mínimo de 10 millones 860 mil dólares, un promedio de 14 millones 820 mil dólares y un máximo de 16 millones 456 mil dólares, y un bono por éxito de la operación de 10 millones de dólares.

El  desertor venezolano Clíver Alcalá fungiría como jefe de la operación, en articulación con el grupo paramilitar Los Rastrojos. Sobre la vinculación entre Los rastrojos y Guaidó hay amplia bibliografía y pruebas gráficas. Alcalá es detenido «accidentalmente» en Colombia con un arsenal valorado en más de 500 mil dólares, entre los que figuraban 26 fusiles de asalto AR-15, 36.

El nuevo intento armado que fracasa ante la unidad cívico-militar de la revolución bolivariana  estuvo antecedido de otras operaciones militares con financiamiento norteamericano como la de Oscar Pérez en 2017 , el intento de magnicidio con drones contra el  Presidente Maduro en 2018, la denominada Operación Libertad en enero del 2019 y la Operación Aurora en diciembre de ese año.

8.- La batalla contra el Coronavirus: En Marzo de este año, Guaidó anuncia la gestión de   20 millones de dólares provenientes de “cuentas rescatadas” en el exterior por su gobierno para hacer frente a la pandemia decretada por el coronavirus. Los recursos serían utilizados en la adquisición de material para el personal médico y de enfermería como tapabocas, guantes, batas, gorros, zapatos, lentes protectores, así como agua.

Al igual que todo el tema de la «ayuda humanitaria» la formula se repite: organizaciones no gubernamentales afines a las organizaciones políticas que apoyan a Guaidó, serían las responsables de adquirir y administrar los implementos. La ayuda también incluirá un bono de 100 dólares para el personal de salud del país que nunca llegó.

Las primeras listas conocidas revelaron que la mayoría de los beneficiados no eran médicos ni enfermeras sino militantes de organizaciones políticas de la oposición que apoyan el “gobierno interino”.

La realidad es que el gobierno nacional, que preside Nicolás Maduro, es de los pocos en el mundo que garantiza pruebas, atención y tratamiento gratuito a pacientes con coronavirus.

9.- El Bloqueo: Hasta marzo del 2019, se habían dictado treinta y cinco (35) instrumentos que aplican medidas coercitivas unilaterales contra la República Bolivariana de Venezuela. La Organización de Derechos Humanos Sures, en su informe a la Corte Penal Internacional de este año sobre las y los destinatarios de medidas coercitivas unilaterales aplicadas por Estados Unidos , Unión Europea y otros países contra Venezuela establecen: 140 personas, 118 empresas, 65 aeronaves y 52 buques.

Durante «el gobierno interino» las órdenes ejecutivas se han orientado  a confiscar ilegalmente varios activos (financieros y energéticos) del país.

Según la economista Pascualina Cursio todas las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos han generado a la nación una pérdida de 21 mil 450 millones de dólares, el ataque a la moneda $ 41 mil 691 millones, el sabotaje a la producción petrolera 51 mil 161 millones dólares, para un total de $ 114 mil 302 millones de dólares de pérdida para la nación

10.- Nuevas Legislaciones para el manejo de recursos: En Julio de este año la Asamblea Nacional que apoya a Guaidó anuncia la aprobación de la Ley Especial de Contrataciones Públicas asociadas a la Defensa, Recuperación, Aseguramiento y Resguardo de los Activos, Bienes e Intereses del Estado venezolano en el extranjero y la Ley para Administrar recursos Bloqueados en el Extranjero.

La primera tiene como objetivo ubicar demandas en el exterior en ejecución o con potencial de ejecución, que se estiman en  $15.000 millones correspondientes a activos de Venezuela en el exterior.

La segunda plantea ubicar los recursos en un «Fondo de Liberación» que se iniciará con 80 millones de dólares con el apoyo de la OFAC y la OEA.

El gobierno de Guaidó se encuentra trabajando en la “recuperación para el país” de 500 millones de euros depositados en la entidad Novo Banco en Portugal, a la espera de un trato parecido al que dio el gobierno británico a la junta Ad hoc del BCV (Banco Central de Venezuela) para mantener la custodia del oro de las reservas internacionales.