El pasado 15 de julio, cuando seguramente la Concejala de la Unión Demócrata Independiente Carolina Cotapos, se encontraba pensando en el feriado católico del día jueves, cómodamente desde su hogar en la comuna de Las Condes, llamó emplazando a la clase política de su sector y a las fuerzas armadas y de orden a un “Estallido Militar”, seguramente, en contra de las definiciones de los y las diputadas, al definir el retiro del 10% de las AFPs.

La dictadura terminó, al menos en los papeles, pero el sistema neoliberal y sus principales seguidores, siguen defendiendo a regañadientes el modelo. Nuestra Constitución Política, la misma que desean mantener intacta llamando al rechazo en el próximo plebiscito,   da protección a la libertad de expresión. Sin embargo, son antidemocráticas y muy peligrosas aquellas frases expuestas en el Twitter de la concejala, que no respeta los principios básicos del régimen constitucional de Chile. Los y las representantes del pueblo deben procurar el establecimiento de un sistema de derechos, libertades y participación y en contra de uno que gobierna con totalitarismo y fuego, por la fuerza, tal como ocurrió en nuestro país luego del golpe de estado de 1973, avalado hasta el día de hoy por el sector político de la Sra. Cotapos. Aquellos que procuren el establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo quienes hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política, deberán responder frente a sus electores y el país, ya que revisten y representan un peligro para nuestra sociedad, tal como lo es el caso de los dichos de la concejala Cotapos.

Sin embargo, frente a nuestro ordenamiento jurídico podemos decir que lo expresado por la concejala es una clara y grave contravención al principio de la  probidad administrativa. O a lo menos una notable falta a sus deberes.  Cualquiera que sea el caso, de declararlo así  el Tribunal Electoral Regional, la sra. Cotapos cesaría en el actual cargo de concejala de la UDI en la comuna de Las Condes.

Cuando hablamos de probidad administrativa, no sólo nos referimos al mal uso o sustracción de bienes públicos, a su propio interés privado, sino que implica, aunque resulte obvio, al más irrestricto cumplimiento de las normas propias de un estado de derecho y con su democracia.

Lo mismo podemos señalar respecto al notable abandono de sus deberes.  En efecto, el principal deber de toda autoridad pública y/o administrativa es el total respeto a las normas Constitucionales.  Ella se estructura sobre la base de la dignidad humana, y establece al Estado el mandato de proteger y garantizar los derechos  y libertades que emanan de dicha dignidad.

Además, la Constitución Política consagra entre las bases de la institucionalidad, específicamente en su artículo 4, que Chile es una república democrática. Sostener que Chile corresponde a un Estado Constitucional de Derecho presupone la convicción de la dignidad de la persona y sus derechos constitucionalmente reconocidos, y que estos son el eje y límite del ejercicio de la soberanía estatal.  El deber positivo del Estado de garantizar el pleno goce de los mismos, importa la necesidad de implementar medidas que eviten el quebrantamiento de los derechos y garantías reconocidas a las personas, y desde ahí de todos los funcionarios y representantes políticos de la administración del Estado.  Es por ello que, podemos decir, sin lugar a dudas, que la concejala Cotapos se encuentra en un notable abandono de sus deberes, en específico, al de respeto y sujeción a la Constitución, al de hacer un llamado público a un quiebre del estado de derecho y su orden democrático.

No sólo en este conflicto legal podríamos señalar que la concejala Cotapos se encuentra en este momento, por su alegoría y llamado a un golpe de estado (militar) sino que también a una contravención al artículo 19 Nº 15 de la C.P.R.  Lo que se protege con ella es el derecho de asociación, donde se garantiza el pluralismo político pero faculta al Tribunal Constitucional para declarar inconstitucionales los partidos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional, procuren el establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política. Respecto de las personas individuales que hubieren tenido participación en los hechos que motiven la declaración de inconstitucionalidad, se les prohíbe participar en la formación de otros partidos políticos o movimientos políticos, quedando inhabilitados para optar a cargos públicos por un plazo de cinco años, que puede duplicarse en caso de reincidencia.

Si consideramos que la concejala Cotapos es una militante de la U.D.I. y sus dichos como representante política de aquella colectividad se deben entender circunscritos al programa, ideología y declaración de principios de aquel partido, no queda más que entender que sus palabras representan y son parte del actuar de aquel partido.  Si sumamos lo anterior, a que aquel partido no sólo ha defendido en múltiples ocasiones lo que fue la dictadura militar (y fueron cogobienro con el dictador Pinochet); sino que también en el corto plazo ha estado vinculada con organizaciones que abiertamente propugnan una ideología totalitarista.  Este es el caso de inicios de marzo de este año, donde se pudo ver la vinculación de este partido con la organización Capitalismo Revolucionario (del pronto imputado Sebastián Izquierdo) que en su sede de calle Bulnes 80 (que es también del diputado Jorge Alessandri) se guardaban escudos, bates de beisbol, fierros, lumas, bastones y otros elementos con el fin de agredir a otros civiles

Siendo así, estaríamos en presencia de una partido que de probarse aquello, y relacionado a las palabras de la concejala aludida, podría ser declarado inconstitucional, y con ello, consecuentemente la sra. Cotapos cesada en su cargo y quedando inhabilitada para optar a cargos públicos por 5 años. Esto se podría ver reforzado aún si es que la U.D.I. sigue guardando silencio en cuanto a los dichos de la concejala de Las Condes y no se abra un proceso interno ante su Tribunal Supremo.

En el mismo sentido, resulta impresentable el silencio del alcalde Joaquin Lavin respecto al llamado de un levantamiento militar, no solo de una concejala de su municipio, sino que de una militante de su mismo partido.  ¿Es que al señor alcalde le resulta pacífico  y comúnl que se haga apología pública a un golpe militar? Es necesario saber qué piensa la más alta autoridad de la comuna de Las Condes, más aún cuando es la persona de coalición de derecha que se proyecta con más apoyo para un futuro gobierno del país.

 

Por: Fabián Salas García

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