Si el gobierno desistiera  de la entrega de cuantiosos recursos públicos a las FF.AA. y Carabineros como retribución a la irrestricta protección que le prestan, para destinar esos dinerales a la creación de puestos de trabajo, y a la par desapareciera la llamada «Subsecretaría de prevención del delito» dando paso a un «Ministerio de promoción del empleo», el pueblo cruelmente castigado por la actual crisis comenzaría a vislumbrar una luz  al final del largo túnel neoliberal.

            Chile no requiere más tanques de alto poder bélico  ni más buques de guerra o aviones de combate con el único objetivo de bombardear La Moneda, ni mas carros lanzaagua o lanzagases ni escopetas para disparar contra otros chilenos, pero sí de un sólido sistema de seguridad social articulado que restituya los derechos ciudadanos y dé a la población  las indispensables condiciones de bienestar y dignidad ausentes desde la dictadura.

            Lo que el país necesita y con urgencia es empleo formal y decente, con un contrato que asegure  remuneraciones justas y beneficios sociales, capaz de dar estabilidad a una mayoría que permanece inactiva, de brazos cruzados, afectada por los despidos, sin oportunidades ni ingresos, arrastrada sin poder evitarlo hacia el despeñadero de la extrema pobreza y el hambre.

            La pandemia del coronavirus ha agudizado el caos socioeconómico heredado de la dictadura, a causa de lo cual los hogares de la clase trabajadora están desolados:  no hay familia que no haya sido afectada ya sea porque uno o más de sus integrantes perdieron su fuente laboral, o porque los salarios fueron rebajados sin que se sepa si algún día serán repuestos en su totalidad. Muchos de los que tuvieron que «reinventarse» se han sumado a la legión de comerciantes ambulantes.

            Hoy se sabe de alrededor de 3 millones de cesantes que son víctimas de la irresponsabilidad de los administradores del modelo, que junto con favorecer a una minoría privilegiada desconoce a la clase social abandonada a su suerte. Sin un peso en los bolsillos y con múltiples deudas como su único patrimonio, son los cesantes quienes asumen con mayor rigor los severos efectos de la crisis.

            Entre la mucha gente desocupada contra su voluntad, los «coleros» crecen en forma impresionante.  Hay quienes (como un ex ministro de Salud  que se asombró al ver por primera vez tanta pobreza y hacinamiento de la población) que nunca supieron de la existencia de los «coleros», necesitados de vender cualquier cosa de algún valor sacada de su propia modesta vivienda, que suelen ubicarse en las ferias libres bajo la línea de la dignidad.

            La cesantía y la urgencia por conseguir unas monedas, junto a la falta de oportunidades y el menosprecio mercantil,  van de la mano de la delincuencia cuya fiesta está en su apogeo en la medida que aumentan los robos y asaltos como único medio de obtener algo con qué comer. Resulta inexplicable que se mantenga en funciones una «Subsecretaría» que presuntamente previene el delito, lo que está lejos de ocurrir ya que no está en condiciones de prevenir nada y tampoco de ofrecer como un antídoto empleo e ingresos: allí solo hay buenas intenciones.

             Un estudio de una casa universitaria privada da cuenta de que,  «hay una creciente sensación en las personas de que no van a hallar trabajo y no tienen siquiera la opción de trabajar informalmente». El ánimo  de derrota es evidente porque los empleos anunciados están solo  en la imaginación presidencial y porque los cambios estructurales que se demandan no avanzan,  trabados por el sistema.

Hugo Alcayaga Brisso

Valparaíso

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