Con la excusa de la protección de la biodiversidad y la regulación del clima, el gobierno francés parece haber querido darle cristiana sepultura al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El presidente Emmanuel Macron lo había dejado en suspenso el año pasado y en la cumbre del G-7 se opuso al acuerdo acusando al presidente brasileño Jair Bolsonaro  de mentir sobre sus compromisos medioambientales.

Luego, formó una comisión de expertos presidida por le economista Stefan Ambec para evaluar el impacto del acuerdo y, por último, el actual Jefe de Gabinete, Jean Castex, anunció el viernes 18 de septiembre que el pacto “ponía en peligro la biodiversidad y desregulaba el clima”.

Con esta decisión el gobierno francés somete a sus imperativos políticos nacionales los términos de un acuerdo internacional negociado durante 20 años. De cara a las elecciones, Macron cedió ante las exigencias del poderoso lobby agrícola, muy particularmente de la poderosa Federación Nacional de Sindicatos de Explotaciones Agrícolas, que consideró que el tratado representa una “competencia desleal”.

Los franceses señalaron que si se cumplen los términos de la negociación, la desforestación aumentará en un 5 por ciento anual durante los primeros seis años, lo que equivale a un total de 700 mil hectáreas. Según la comisión, el costo medioambiental que se desprende de las emisiones de CO2 es de 250 dólares por tonelada y ese costo sería más importante que los beneficios económicos.

El estudio también argumenta que el convenio desembocaría en un alza de 50 mil toneladas de exportaciones anuales de carne vacuna desde el Mercosur y que desencadenaría, además, un proceso de desforestación en los países del Mercosur debido a la necesidad de incrementar la producción de carne y, por consiguiente, las áreas de pastos.

La retórica de “deslealtad” adelantada por los sindicatos agrícolas parece un disparate histórico, ya que sale del corazón de una corporación acusada desde hace décadas de descomponer todo el sistema mundial de comercio agrícola por las mastodónticas subvenciones que recibe en el marco de la PAC, la Política Agrícola Común de la Unión Europea, y contra las cuales América Latina protesta sin descanso.

“El proyecto está muerto”, aseguró un consejero del Ejecutivo cuyas palabras aparecen en el vespertino Le Monde. Son muchos votos en juego justo cuando comienza a armarse la campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2022. Y quizá por ello el gobierno galo eligió como chivo expiatorio al presidente brasileño Jair Bolsonaro, rodeado por el espectáculo indigerible de los incendios en el Amazonas.

El negocio es perfecto: los ecologistas estarán felices de que las potencias coloniales más destructoras de la biodiversidad planetaria y medalla de oro del saqueo de los recursos naturales de los países del Sur rehúsen aplicar un tratado cuyo eje principal pasa por pactar con un pirómano grosero como Bolsonaro: a su vez, los agricultores desactivan un acuerdo que rompía su monopolio, recuerda el analista Eduardo Febbro.

El 21 de agosto, la canciller alemana Angela Merkel expresó “serías dudas” sobre el tratado y puso el acento sobre “los incendios”. El funcionario citado por Le Monde señala que “le faltan ambiciones medioambientales y disposiciones vinculantes, pero no queremos rechazarlo todo”. España y Portugal amparan el tratado al tiempo que los parlamentos de los Países Bajos y Austria ya lo rechazaron.

Y habla de tres “exigencias políticas”: asegurarse que el “acuerdo no provocará ninguna desforestación importada de la Unión Europea”: que los compromisos de los países del Mercosur con respecto al clima (el acuerdo de París, por ejemplo) sean “jurídicamente vinculantes”: y que los controles de aduana y la trazabilidad “sean más frecuentes” y respeten “las normas medioambientales y sanitarias”.

A nivel de los gobiernos del Mercosur, el acuerdo ya está cerrado a escala de los gobiernos y todo depende de que sea aprobado por los Congresos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Ninguno de los gobiernos parece apurado en impulsar el tratamiento del tema.

El informe galo se centra también en temas de protección a la producción agropecuaria europea y reclama que la UE continúe las negociaciones con Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) para que se garantice el freno a la deforestación, el respeto a los Acuerdos de París sobre el clima y que los productos importados desde el bloque suramericano cumplan las normas sanitarias y ambientales europeas.El economista “que predijo la crisis” de Macri es candidato a embajador | El Cronista

Paralelamente, el embajador argentino ante el Mercosur, Mariano Kestelboim, señaló al semanario uruguayo Brecha que el acuerdo tiene falencias muy importantes y que a la hora de la ratificación parlamentaria del acuerdo, su gobierno hará un estudio costo-beneficio, para firmarlo o no y que el resultado de ese debate se dará en el Congreso.

Kestelboin puso sobre la mesa una crítica que hicieron en su momento los movimientos populares sobre la ausencia de informes de impacto para la negociación del mayor acuerdo de la historia del bloque. A pesar de eso, Kestelboim manifestó el respeto a la institucionalidad de las decisiones en el Mercosur, que se hacen por consenso.

Dijo asimismo que “la posición del oficialismo es dar el debate en el Congreso. Como se dio esta flexibilidad de suscribir el acuerdo independientemente de lo que hagan el resto de los países del Mercosur, ese debate hay que darlo. Nosotros creemos que Brasil, Paraguay y Uruguay, en caso de que los europeos ratifiquen el acuerdo, también van a ratificarlo”

“El hecho de que en el acuerdo internacional más grande de la historia económica entre dos bloques regionales no haya habido estudios de impacto es sorprendente y un punto a tener muy en cuenta. Esto da lugar a pensar que muy probablemente hubo una interferencia de intereses particulares que promovieron la firma del acuerdo y no abrieron la posibilidad de que fuera transparente, abierto a toda la sociedad”, añadió.

Las objeciones

Llamativamente, tanto las objeciones argentinas como las francesas coinciden en ciertos productos agropecuarios, incluso cuando no se trató aún un tema tan sensible para los sudamericanos, como es la carne, ya que los europeos apenas aceptan 99 mil toneladas anuales que representan apenas el 1,25% del consumo cárnico de la Unión Europea. Pero lo cierto es que lo mismo pasa con los pollos, el etanol, el arroz, la miel, el azúcar; ya que fue muy poco lo que los sudamericanos obtuvieron en las negociaciones.

El informe francés señala que la liberalización del comercio agrícola es parcial en el caso de los llamados “intereses defensivos” de la UE (aves de corral, cerdo, ternera, azúcar, etanol, arroz, miel y maíz dulce), que se implementa a través de contingentes con aranceles reducidos o incluso nulos.

Como resultado del acuerdo, el informe francés proyecta un aumento de las importaciones europeas de aves de corral, carne de vacuno (principalmente en forma de solomillo refrigerado y congelado), etanol y miel desde los países del Mercosur, “lo que podría debilitar a los productores agrícolas europeos si esta tendencia se refleja en reducciones de precios en los mercados europeos”.

En el caso del azúcar, señala que “la situación económica incierta vinculada al fin de las cuotas de azúcar y precios garantizados en la UE y al Brexit exponen al sector a la volatilidad de los precios mundiales, lo que dificulta predecir los impactos posibles”. El informe destaca que las disposiciones relativas al etanol “probablemente tendrán como consecuencia la reducción de las salidas del azúcar europeo”.

Finalmente, el informe subraya que, “aunque la cláusula de salvaguardia bilateral del acuerdo para limitar los efectos potencialmente dañinos de la liberalización comercial para los productores europeos de productos agrícolas sensibles es “bienvenida en sí misma, podemos sin embargo dudar de su capacidad para desempeñar este papel en su definición actual”.

En cuanto a las recomendaciones, el gobierno francés considera que es necesario concentrar el trabajo, en particular, en el desarrollo de disposiciones que permitan asegurar que un acuerdo de asociación con Mercosur no puede en ningún caso conducir a un aumento de la deforestación importada a la Unión Europea.

Asimismo, que las políticas públicas de los países del Mercosur cumplan íntegramente con sus compromisos bajo el Acuerdo de París, los cuales son parte integral del Acuerdo de Asociación; y que los productos agroalimentarios importados que se benefician de un acceso preferencial al mercado de la Unión Europea respeten, de jure y de facto, las normas sanitarias y medioambientales de la Unión Europea. Se hará un seguimiento de estos productos.

Seguramente, varios países de la EU se abocarán en adelante a encargar informes a comités científicos cuyas conclusiones ya están escritas de antemano. El Mercosur es incompatible con el “Green Deal”, la supuesta economía verde,  que quieren imponer los grandes capitalistas y que está tan de moda en los países centrales, sobre todo cuando se trata de exigirle al Sur que lo respete a la letra, cosa que ellos jamás lo harán.

Y el presidente brasileño le regaló a los países europeos la oportunidad de dar lecciones sobre imperativos esenciales que los occidentales jamás respetan en otros puntos del planeta, ni cuando firman acuerdos con otras potencias, ni cuando venden armas a las dictaduras más sangrientas del mundo. Hoy les preocupa la Amazonia, de cuyas riquezas quieren apoderarse: los europeos ya destruyeron todos sus bosques milenarios.

* Periodista chilena residenciada en Europa, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

 

Deja una respuesta