La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización total de doscientos millones de pesos a las hermanas Clara Elena y Lidia Elizabeth Flores Araya, detenidas ilegalmente en enero de 1981, y sometidas a torturas y vejámenes el cuartel Borgoño de la extinta Central Nacional de Informaciones (CNI).

En fallo unánime, la Quinta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Mireya López, Alejandra Rivera y Paulina Gallardo– aprobó la sentencia impugnada, dictado por el 9° Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda.
«Atendido el mérito de los antecedentes y lo dispuesto en el artículo 751 del Código de Procedimiento Civil, se aprueba la sentencia consultada de fecha uno de junio de dos mil veinte, dictada por el Noveno Juzgado Civil de Santiago, Rol C-20.950-2019″, consigna la resolución del tribunal de alzada.
El fallo de primera instancia ratificado dio por acreditado «(…) el ilícito, la responsabilidad del Estado y la circunstancia de que la detención y tortura de las víctimas, no habría tenido lugar si la intervención de funcionarios estatales no se hubiera producido, sólo queda dar por establecida la responsabilidad del Estado de Chile en el secuestro y apremios físicos y psicológicos infligidos a doña Clara Elena Flores Araya y a doña Lidia Elizabeth Flores Araya. Y la responsabilidad trae consigo la indemnización de los perjuicios causados, reparación que se ha solicitado en relación al daño moral sufrido por el actor».
La resolución agrega: «Que para acreditar este daño moral sufrido se tendrá en cuenta la prueba testimonial aportada y los antecedentes que tuvo a la vista la Comisión Valech para la calificación de las actoras como víctimas, producto de los hechos delictuales cometidos por agentes del Estado y que han permanecido luego de más de 40 años de ocurridos los hechos, como parálisis facial ambas hermanas, ceguera y depresión».
«Que en cuanto al monto de la indemnización, se estará a la circunstancia de que el hecho que causa el agravio ha permanecido largo tiempo y tenido influencia negativa en el desarrollo de en ese entonces dos jóvenes mujeres que debieron salir como refugiadas sin redes, sin familia, sin consuelo; razón por la cual se le fijará prudencialmente la suma de $100.000.000, a cada una que corresponde además al baremo utilizado en otras sentencias por esta misma sentenciadora; sin que ello aparezca que se trata de un enriquecimiento sin causa o un lucro improcedente, como pudiere alegar la demandada», concluye.

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