En las democracias verdaderamente sólidas y estables, las opiniones de las cúpulas militares son prácticamente irrelevantes y no concitan realmente la atención de la prensa. En Chile, en cambio, los medios de comunicación se encuentran muy interesados en las FFAA y en cada acción o gesto que venga de la alta oficialidad. Ello tiene base en las constantes irrupciones castrenses en la política, sus sucesivos cuartelazos e, incluso, en la todavía fresca conspiración de 1973 que se derivó en 17 años de una dura y cruenta dictadura.

Es sabido que, más que velar por nuestra soberanía, el Ejército, la Armada y la Aviación han ejecutado constantes y fratricidas acciones para imponer la seguridad o la paz interna, por lo que han ocasionado incontables ejecutados, detenidos desaparecidos y toda suerte de víctimas en nuestra propia población civil. Muchas más, por ejemplo, que en los conflictos que desgraciadamente enfrentamos en el pasado con nuestros países vecinos, y en cuyos campos de batalla se inmolaron siempre muchos más civiles reclutados que uniformados de carrera.

No se trata, tampoco, que los militares chilenos sean muy locuaces. Más bien son los comandantes en jefe de los institutos armados los que deciden hablar cuando les interesa, como recién lo ha hecho el general Ricardo Martínez Menanteau, a través de conversación con el diario El Mercurio, medio que utilizan por excelencia (domingo 20 se septiembre).

Esta entrevista es publicada a pocas semanas del Plebiscito Constitucional, consulta popular que debiera conducirnos a una nueva Constitución Política del Estado, cuestión que sin duda debe inquietar a nuestras ramas de la Defensa y a las dos policías. Una nueva Carta Magna que es poco probable que mantenga los privilegios que hoy tienen los uniformados respecto de la población civil.  De allí que el general Martínez rompa el silencio y la supuesta prescindencia política que dicen tener los militares a fin de plantear juicios que buscan influir en el proceso electoral que se avecina, a sabiendas que la actual Constitución (la de Pinochet) pueda ser abolida y nuestra nueva institucionalidad se defina sobre un “papel en blanco”, como muchos lo desean.

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Desde luego, el Comandante en Jefe asume definiciones políticas. Claramente plantea que las FFAA deben estar constituidas únicamente por el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, cuando perfectamente una asamblea constituyente pudiera modificar esta situación y diversificar al mundo castrense como acotar sus atribuciones, cuando en materia de Defensa ya no están muy nítidos los perfiles funcionales de cada rama castrense en materia de defensa y posibilidad de guerra.

Tampoco se mostró en esta entrevista partidario de que los altos mandos militares sean nombrados o ratificados por el Poder Legislativo, advirtiendo el “riesgo de politización” que vivieron en el pasado, especialmente el Ejército. Aunque habría de recordarle que esto no fue óbice, para que la conspiración de 1973 justamente tuviera como cabecillas a oficiales que había sido designados en sus cargos por el Ejecutivo y el Parlamento, para después ser derrocados, asesinados y confinados por quienes los nombraron. A todas luces, un planteamiento como éste es totalmente político, más allá de las razones que pudieran esgrimir los militares para mantener los altos grados de autonomía que ahora tienen respecto de los poderes del estado.

Más Insólitas son, todavía,  las declaraciones del general Martínez respecto del fenómeno de la Explosión Social (18 de octubre), manifestándose completamente en desacuerdo con quienes aseguran que el estado ejerce una violencia estructural como se asegura por muchos y provocara una verdadera y masiva insurrección popular, interrumpido solo por la emergencia sanitaria mundial del Covid 19. De allí que en sus opiniones respecto del conflicto de la Araucanía llegue al extremo de plantear que “la violencia en el sur es obra de delincuentes, además de cobardes, que atacan de noche, a rostro cubierto y a personas indefensas…” Con lo que colige que sería necesario enfrentarlos, advirtiendo también que si se llegara a atacar a los contingentes militares éstos “tendrían una respuesta superior”. Bravata que no disimula su preocupación sobre lo que sucede, puesto que en otro párrafo de su entrevista anuncia “un plan especial de ingreso al Ejército para pueblos originarios”, con lo que reconoce la discriminación de nuestras etnias hasta en el reclutamiento militar.

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Por supuesto que en los juicios del Comandante en Jefe no hay una sola autocrítica ni por el pasado o el presente. Al grado que sobre la supuesta reprimenda recibida por el ex ministro de Defensa, a propósito de una grave filtración desde el Ejército a la prensa, solo reconoció con arrogancia que él se “disculpó” ante el Secretario de Estado, pero nunca le pidió “perdón”. Muy reacio se mostró, además, a opinar sobre los militares que sufren presidio por sus graves violaciones a los Derechos Humanos. Tal como entregó una muy escueta respuesta sobre los oficiales procesados por corrupción y que él mismo estuvo obligado a marginar del Ejército, atribuyéndole al Gobierno la “decisión política” de negarse a indultar a los militares  que cumplen condena de por vida.

Pero donde el desparpajo del general Martínez se expresa totalmente es cuando se refiere a la situación previsional de las FFAA, negándose a aceptar que exista cualquier privilegio castrense respecto de los trabajadores civiles pensionados. Para ello alega que los militares deben cumplir una disponibilidad 24/7, sin pago de horas extras o bonos, estar sindicalizados o tener derecho a huelga, así como restringidos en sus desplazamientos, libertad de expresión y en riesgo de trabajar con armas y explosivos, cuanto dispuestos a dar la vida por la misión que les encomiende la República…

Entre tantas cosas, se le olvidó al General, reconocer que la pensión promedio de los civiles es al menos triplicada por las de los militares jubilados todavía con menos años de servicio. Omitió decir que durante los períodos de emergencia realmente  elevan sus estipendios no solo en dinero, sino en viviendas, “ranchos”, viáticos, gastos de representación, casinos, hospitales  y un sinfín de otras ventajas. Que sus riesgos laborales, ciertamente son muy inferiores a los de los mineros, pescadores y otros que cotidianamente pierden sus vidas en sus sacrificadas faenas. O que en desastres como el que ahora vive el país con la pandemia, los que tienen mayormente garantizada su estabilidad laboral son justamente todos los uniformados, ante los millones de trabajadores que pierden sus empleos y disminuyen sus ingresos.

Tenemos “muchos deberes y pocos derechos respecto a la inmensa mayoría de los chilenos”, asegura el primer oficial de la República, llegando al descaro de afirmar que no hay otra profesión que se le parezca en cuanto a necesidad del Estado. Una percepción realmente imprudente y que lo único que favorece es el divorcio cada vez más profundo del mundo militar con la población civil. Miles de uniformados que consumen la mayor tajada de nuestro presupuesto fiscal en materia salarial e infraestructura y que, como la historia lo comprueba, no han cesado de abusar y corromperse gracias al poder de las armas que controlan. Lo que no se condice para nada con el “amor a la patria” que proclaman en sus arengas o entrevistas. Muy eficientes, debemos reconocerlo,  en levantar campos de confinamiento y tortura destinados a sus connacionales. Implementar cada vez más onerosas y ridículas paradas militares, mientras el hambre, la cesantía, la delincuencia común y el narcotráfico asolan a nuestras ciudades y barrios de todo el país. “Valientes soldados” verdaderamente expertos, como se han demostrado, en traicionar la institucionalidad y actuar de guardianes de los capitales foráneos enseñoreados en todo nuestro territorio y riquezas naturales.

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Por Juan Pablo Cárdenas S.

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