Cuando la justicia tarda demasiado, deja de ser tal: lo tienen muy claro los familiares de las miles de víctimas de la dictadura, muchos de cuyos asesinatos permanecen todavía en la impunidad  porque los hechores se amparan en el pacto de silencio  impuesto  por el capitán general del genocidio y que los altos mandos de las FF.AA. cumplen a cabalidad.
   En este septiembre de conmemoraciones hubo diversas manifestaciones a lo largo de todo Chile en memoria de los caídos, los que recibieron el odio exacerbado de los agentes del terrorismo de Estado que embistieron contra el pueblo y sus organizaciones, la clase trabajadora, las instituciones democráticas y la vida republicana de la nación, para nada de lo cual ha habido arrepentimiento ni reparación.
   Los criminales actuaron sistemáticamente, sobreseguro, confiando en que la tiranía sería eterna y jamás se conocería la verdad. Por eso acometieron con saña indiscriminada contra el «enemigo», hombres y mujeres de esta patria, jóvenes y ancianos, embarazadas, enfermos y discapacitados, sin considerar su edad, sexo o condición física, solo se secuestraba, torturaba  y quitaba la vida, sin más.
    Durante 17 años de pesadilla la barbarie se desató por doquier, dando paso a la muerte en fusilamientos, homicidios en torturas,  falsos suicidios,  degollados,  quemados vivos, ley de fuga, encerronas, «confusos incidentes» a granel. No menos de 1.300 personas salieron un día de sus casas a sus actividades habituales sin que jamás regresaran a ninguna parte. Fueron asesinados, desaparecieron y sus restos dejados con perversión donde jamás pudieron ser encontrados.
   Nunca hubo ninguna referencia a una información de diario La Nación  del 12 de septiembre de 2004 en que se asevera que entre los años 74 y 75 marinos lanzaron en alta mar frente a San Antonio a entre 50 y 100 detenidos – que luego fueron desaparecidos – desde el remolcador Kiwi, según un expediente judicial instruido por el magistrado Alejandro Solís. Eran presos sacados por la DINA desde Tejas Verdes, Londres 38, Villa Grimaldi y José Domingo Cañas, cuyos cuerpos fueron entregados a la Armada y arrojados al mar en una operación coordinada desde la gobernación marítima de San Antonio.
   Aunque han transcurrido 16 años de esa denuncia concreta, en todo este tiempo desde el gobierno o la casta política no hubo interés  por conocer mayores antecedentes,  nadie ordenó investigación alguna,  las comandancias en jefe  no se alteraron y optaron por la manida propuesta de «dar vuelta la página». Volvió a aparecer  el negacionismo en su máxima expresión,  pretendiendo desconocer un hecho emblemático como parte  de los múltiples casos de los derechos humanos en que los crímenes se hacían aparecer como algo normal.
   En este escenario adverso fue reconfortante la masiva presencia de jóvenes en la tradicional marcha del «11» al Cementerio General y en las múltiples manifestaciones populares en barrios, villas y poblaciones modestas por la continuidad del modelo dictatorial que tiene como principal sustento a la impunidad. Esos jóvenes no habían nacido aun durante la epoca negra de la historia de Chile, pero su consciencia de clase los lleva a solidarizar con quienes siguen pagando las consecuencias del terrorismo uniformado que se desplegó durante la tiranía.
   El negacionismo de los delitos de lesa humanidad es castigado severamente en otros países. Sin que nadie los presione, en Chile los jefes militares  con el respaldo tácito de los políticos anquilosados permanecen indiferentes al suplicante «¿dónde están?» que se prolonga implacablemente lejos de la verdad y la justicia, inapreciables valores de la sociedad.
Hugo Alcayaga Brisso
Valparaíso

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