La tercera temporada de la mundialmente conocida serie Black Mirror contiene un interesante capítulo titulado “El hombre contra el fuego”. En él, Stripe, el protagonista, por accidente descubre que a través de un dispositivo -al que llaman “máscara”- que les ha sido implantado a él y a sus compañeros del ejército militar del que forman parte, están siendo manipulados y controlados. ¿El objetivo?: ver y entender a un determinado sector de la sociedad como bestias, como seres eliminables por una supuesta condición intelectual y de salud inferior. Con un desprecio evidente, los llaman “cucarachas”. 

“Pero usted no es una cucaracha. Una cucaracha no habla”, le dice en una escena clave Stripe a una mujer a la que decide no eliminar, debido a que la mencionada falla en su dispositivo le hace verla como realmente es, como un ser humano. “No es eso. Es solo que no nos oyen”, le responde ella, para explicarle que tanto ella como el resto de las “cucarachas”, cuando son contempladas sin la mediación de ese dispositivo, son en realidad seres comunes y corrientes.  

Stripe. Captura escena Black Mirror

“Las máscaras son el arma militar definitiva. Ayudan con la información, con la puntería, con la comunicación, con el condicionamiento. Es más fácil apretar el gatillo cuando apuntas al coco”, le reconoce luego a Stripe uno de los mentores de ese dispositivo, con la intención de convencer al militar de que ese macabro experimento va por el camino correcto.       

¿Le parece cercana esa manipulación? ¿A quiénes creen que enfrentan en la calle los funcionarios de Carabineros cuando tienen como tarea “restablecer el orden público”? ¿Ven a personas ejerciendo un legítimo derecho a la manifestación, a la protesta, o a “enemigos internos”, a “comunistas”, a “terroristas”, a “delincuentes”, a “hueones flojos que quieren todo gratis”, a verdaderas “cucarachas” a las que hay que aplastar?… 

El historial de ese comportamiento cargado de ensañamiento en contra de otros seres humanos que ha evidenciado por décadas la institución de Carabineros, no hace sino revelar que el dogma detrás del adoctrinamiento de estos uniformados es ideológico. Pero no solo eso: es igualmente coherente con el pensamiento criminalizador que por conveniencia sostienen y promueven los sectores de la sociedad que justamente se han visto beneficiados por el modelo de abuso y desigualdad contra el que se alzan las protestas.

Teniente coronel Claudio Crespo, uno de los principales represores de Carabineros de la última década. Foto: Daniel Labbé

Cuando el oficial de Fuerzas Especiales (FFEE), Sebastián Zamora, corre violentamente hacia el cuerpo del joven de 16 años Anthony Araya para empujarlo y hacerlo caer al río, lo hace viéndolo como algo prescindible, desechable. Y lo mismo aplica para sus compañeros de armas que, en vez de socorrer al adolescente que permanece boca abajo en el lecho del Mapocho, deciden abandonar el lugar sin prestarle ayuda. El que posiblemente yace inerte bajo el puente Pío Nono no es Anthony, es una “cucaracha”.      

¿Y qué dicen los altos mandos de la institución? Deciden expulsar al oficial Zamora, es cierto, pero no por arrojar desde más de 7 metros de altura a un joven de 16 años, sino que porque el policía portaba en ese momento una cámara de grabación personal sin haber sido autorizado para ello. Es decir, ese hecho -y no la brutal agresión al menor de edad- constituye para la policía «una grave falta administrativa (…) inaceptable», como señalaron en un comunicado público.

Cuando Carabineros sale a enfrentar una manifestación a la calle, no sale a «restablecer el orden», sino que a castigar a quienes están interrumpiendo ese orden. 

Sin embargo, este diagnóstico lleva implícita una segunda conclusión que nos permite confirmar que el problema es incluso más complejo y delicado de lo que aparenta. 

Los funcionarios de Carabineros no son máquinas ni están impermeabilizados frente a un pensamiento que una parte importante de la sociedad también ha naturalizado equivocadamente, con resultados fatales como los que conocemos: la existencia de una enraizada visión criminalizadora del derecho a la protesta y una falta absoluta de comprensión e interés hacia el legítimo e histórico combustible que la moviliza.

Imagen de archivo. Daniel Labbé

Es decir, los miembros de esa institución policial no están excluidos de ese pensamiento permanente que continúa explotando un amplio sector de la sociedad chilena. Una posición perniciosa que, además, contribuyen sistemáticamente a perpetuar de manera pública tanto autoridades políticas como medios de comunicación. “En algo habrán pillado a ese joven”. “¡¿Qué tiene que andar protestando un adolescente de Bajos de Mena en el centro de Santiago?!”. “En vez de andar manifestándose debería estar estudiando”…

Mientras esa cultura de desprecio hacia el derecho a alzar la voz, a reclamar públicamente, a protestar cada una de las veces que sea necesario, esté incrustado en nuestra sociedad de la forma en la que lo está, un eventual cambio en la relación con la ciudadanía de parte de quienes tienen la exclusividad del uso de la fuerza seguirá siendo inofensivo si no viene acompañado necesariamente de un cambio cultural que permita comprender al ejercicio de la protesta y a la movilización, como uno de los derechos esenciales e inalienables del ser humano.

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