Obviamente no se trata de hechos aislados u ocasionales, sino que de una represión permanente sostenida por mentiras, montajes, ocultamiento de información  y falsificación de la verdad.
La violación reiterada y sistemática de los derechos humanos en Chile, asociada a la impunidad, parece parte de una historia sin fin: Carabineros se desentiende de los múltiples cargos en su contra, está en el negacionismo, recurre a los encubrimientos,  insiste en sus montajes y se contenta con el apoyo que recibe a diario del presidente de la República y del ministro del Interior que viven de espaldas al pueblo.
   Mientras se atenta contra la integridad física y la vapuleada dignidad de las personas sin medir las consecuencias, hay quienes advierten que aquí hay una provocación en la medida que el tiempo transcurre y tarda excesivamente la anunciada reforma estructural que debe intervenir a esa institución  y llevarla en definitiva a un proceso refundacional que cambie su rumbo extraviado.
   En vísperas del primer aniversario  del surgimiento del estallido social el país se ha estremecido por el impresentable episodio del homicidio frustrado al menor A.J.A.A., de 16 años,  participante en una manifestación callejera  que cayó de cabeza al río Mapocho desde siete metros de altura, no por accidente – según registros audiovisuales – sino al ser empujado por un agente del «orden público» que lo perseguía como si el muchacho fuera un peligro para la sociedad (se comprobó que no tiene antecedentes).
   La ONU dijo que lo sucedido no es excepcional sino que se suma a la extensa lista de casos de violación  de los DD.HH. por parte de fuerzas de orden en el combate de manifestaciones sociales. Con anterioridad expertos internacionales habían expresado similar preocupación, agregándose a organismos  como el Ministerio Público y la Contraloría General de la República.
   El balance entre el 18 de octubre del año pasado y comienzos de marzo último es espantoso: la represión dejó una decena de fallecidos y hubo 8.535 denuncias de heridos, mutilados, torturados y vulnerados en sus derechos básicos. Todo ello sin reconocimiento de los altos mandos y la oficialidad acerca del daño causado principalmente a jóvenes que salieron a las calles clamando solución a sus necesidades.
   Con ligereza el general director, apernado en el cargo, afirma que «los carabineros hacen el bien sin mirar a quien», lo que dista de la realidad. La protección, la vista gorda y la buena voluntad de la policía militarizada es solo para los poderosos, los pinochetistas y los influyentes, como quedó demostrado en el paro de los camioneros  que se tomaron rutas y carreteras atravesando sus vehículos en la vía pública. Ello fue celebrado con asados, invitadas escasas de ropa y la canción nacional entonada incluyendo la estrofa de los «valientes soldados». Los camioneros levantaron los bloqueos cuando lo estimaron conveniente, sin ser molestados ni fiscalizados  por nadie.
   En duro contraste apareció una inédita «Coordinadora de víctimas con traumas oculares», formada por unas 400 personas que al salir a protestar durante el estallido recibieron en el rostro el impacto de bombas lacrimógenas o balines disparados por «fuerzas especiales», lo que les significó la pérdida de uno de sus ojos. Peor suerte sufrieron la trabajadora Fabiola Campillay y el estudiante Gustavo Gatica, que quedaron con ceguera total, pese a lo cual los hechores no están en la cárcel.
   Obviamente no se trata de hechos aislados u ocasionales, sino que de una represión permanente sostenida por mentiras, montajes, ocultamiento de información  y falsificación de la verdad. Ello hace de Carabineros una institución severamente cuestionada no solo por el pueblo,  sino por prestigiosos organismos nacionales e internacionales que observan con estupor la prolongación de los horrores de la dictadura.
   En el nuevo Chile que comienza a proyectarse  se requiere una nueva policía, profesional, creíble, de sólida formación humanista que no mantenga centros de tortura (como la comisaría de Peñalolén), de irrestricto apego a las leyes y los protocolos, e incondicional respeto a los derechos humanos de todas y todos.
 
Hugo Alcayaga Brisso
Valparaíso

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