Al volver a salir a las calles masivamente  el pueblo está dando inicio al segundo tiempo del estallido social que por la emergencia sanitaria  permanecía en pausa  desde marzo último y del que espera resultados concretos que contribuyan a mejorar sus precarias condiciones de vida  empeoradas más aún en los meses recientes.

   Hoy la situación es peor que hace un año porque la pandemia ha agudizado las deficiencias del modelo sobre cuyas bases  está apoltronado el actual gobierno que nunca insinuó al menos la implementación de un necesario sistema de protección social que otorgue a las mayorías seguridad y estabilidad a todo evento. Por el contrario, las sigue haciendo depender de las arbitrariedades del mercado u otorgándoles menudencias que no alcanzan para superar sus elevados niveles de angustia.

   El presidente empresario y sus colaboradores evitan ver las necesidades populares y se limitan a amplificar la violencia que comete una minoría formada por los jóvenes ni-ni, aquellos excluidos y marginados por el sistema que no tienen otro destino que seguir pateando piedras e integrados solo al baile de los que sobran. En este tiempo de cesantía masificada y pobreza que crece sin techo no hay mayor violencia que la falta de oportunidades.

    Hasta ahora los paneles de expertos no se pronuncian sobre el origen de las acciones de violencia que se registran en el país, y solo apuntan a los más pobres como los responsables, sin más explicación. Desde el modelo se mira para otro lado cuando se propone una investigación seria acerca de los factores que la ocasionan.

   Los violentistas de hoy, sin embargo,  distan mucho de los que irrumpieron en 1973, asesinaron a destajo y se instalaron a “gobernar” durante 17 años. Las muchedumbres que conmemoraron el primer aniversario del 18-O no  dejaron un solo muerto ni ningún desaparecido, no hubo degollados ni quemados vivos, ni entre las decenas de miles de “delincuentes” en las calles a nadie se le ocurrió tomarse un avión de combate para bombardear al presidente constitucional en La Moneda.

   Tampoco se supo de alguien empujado de cabeza al rio, de nadie que disparara a los ojos de otro ni de algún infiltrado donde no corresponde para ocasionar desmanes o destrozos.  De haber sido así habría sido avalado por el ministro del Interior,  el mismo que fue alcalde de la dictadura y que hoy ejerce un cargo en el que fue impuesto por la presidenta de la UDI.

    La derecha que gobierna da manotazos de ahogado y no atina ante las presiones ciudadanas que van en aumento. Las cajas de mercadería,  los pequeños bonos y los préstamos que hay que reintegrar son una nonada frente a las miserias estructurales como el alarmante desempleo, la desidia para generar trabajo, los salarios congelados, la insignificancia de las pensiones, la desenfrenada inflación, el sobreendeudamiento con el mercado y la nula voluntad para comenzar la redistribución de la riqueza.

    En su propio paso a paso la rebelión popular gana espacios, pero queda mucho por conseguir. Está en marcha un proceso constituyente que acaba de sortear su primer obstáculo; se logró un primer retiro de los fondos de pensiones desde las otrora intocables AFP, y está sobre la mesa un impuesto a los superricos, todo ello en busca de atenuar la irritante desigualdad que se burla de la gente sin recursos.

    El pueblo tiene por delante el desafío de mantener activas sus demandas y movilizaciones hasta que la igualdad asome y la dignidad se haga costumbre. Para el empresario que ejerce la presidencia, con el único norte de continuar acrecentando su fortuna personal, y confundido por tantos y tan contradictorios y fantasiosos informes de la “inteligencia” militar, se anticipa con certeza que seguirá acompañado por las manifestaciones sociales al menos hasta el término de su mandato.

Hugo Alcayaga Brisso

Valparaíso

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