Este jueves se dio a conocer un anteproyecto del Gobierno de Sebastián Piñera que, entre otros cambios al Código Penal, rebaja la permanencia máxima de prisión para una persona. A través de La Tercera se dieron a conocer algunos puntos de esta iniciativa elaborada por una comisión de expertos convocada por el Ministerio de Justicia y que en estos momentos se encuentra en una consulta a 36 facultades de Derecho del país a la espera de sus observaciones.

 

Desde el Ministerio de Justicia, argumentan respecto del establecimiento de castigos de menor tiempo que propone el anteproyecto, que la diferencia estaría en que estos deberán ser efectivos. Es decir, se estipulan penas desde un año de presidio frente a lo que ocurriría hoy, donde -como plantea dicha cartera- las condenas menores a los cinco años de prisión suelen terminar en penas alternativas al encarcelamiento.

 

Uno de los cambios más importantes tiene que ver con limitar la cantidad de años que una persona puede permanecer en prisión -entendida esta como la privación de libertad en una cárcel-, estableciendo una pena máxima de 20 años para quien cometa un delito, de 24 si la sentencia considera agravantes y de 30 como máximo en caso de sumarse diversas condenas. 

 

 

Manuel Contreras

Traído a la actualidad, esto favorecería, por ejemplo, al ex agente de la DINA Miguel Krassnoff Martchenco, sobre quien pesan 624 años de prisión por diferentes condenas por crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar, las que hoy cumple en el penal de Punta Peuco. O al general Manuel Contreras, si estuviera vivo, quien llegó a acumlar alrededor de 530 años de condenas por las mismas razones.

 

«Se está buscando que más militares o carabineros no caigan presos por largos años»

 

En ese sentido, a juicio de la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, se trata de un proyecto «pensado no para todos los presos del país, sino que para los victimarios de lesa humanidad, y como una forma de terminar con la cadena perpetua o las largas condenas a las que solamente están expuestos ellos».

 

La dirigenta advierte que todavía hay más de 1.500 causas abiertas y que -en ese contexto- «se está buscando la forma de que más militares o carabineros no caigan presos en estos procesos por largos años, a pesar de que se les condena como crímenes comunes».

 

Alicia Lira

Por último, Alicia Lira sostiene que esta iniciativa es una señal del gobierno de Piñera de que «está cumpliendo los compromisos que adquirió con la ‘familia militar’, con la derecha fascista que representa José Antonio Kast». Un rumbo «totalmente distinto» del segundo mandato del empresario, añade la presidenta de la AFEP, respecto del primero en que estuvo en La Moneda.

 

Aborto y delitos de cuello y corbata

 

Las otras modificaciones que, de acuerdo a lo publicado por La Tercera, contempla este anteproyecto es incorporar situaciones hoy no legisladas, como la eutanasia o el aborto libre previo a las 12 semanas de gestación. En ese sentido, el medio apunta que en ambos casos la comisión de expertos descartó sancionar el actuar médico.

 

Y sobre los casos de colusión económica, se consideran penas de reclusión -privación de libertad, pero no necesariamente en una cárcel- o prisión de uno a tres años. Sin embargo, se establece que la acción penal solo podrá ser iniciada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Por otra parte, el cohecho de los funcionarios públicos arriesga reclusión y prisión de uno a cinco años. Por último, para el soborno de privados se contempla reclusión, libertad restringida y penas de cárcel de hasta cinco años.

 

 

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